De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el derecho a la ciudad es el derecho de todas y todos a “habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos, justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna”, cuyos componentes son, entre otros, la no discriminación, igualdad de género, la inclusión, participación ciudadana, accesibilidad a vivienda, bienes y servicios, espacios y servicios públicos, la economía social y soberanía alimentaria.
Por otro lado, el artículo 115 de nuestra Constitución Federal establece que los municipios son la base de la división territorial y organización política y administrativa de las entidades federativas, por lo cual cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios y tienen a su cargo, entre otros, los servicios públicos de drenaje, alumbrado, limpia, mercados, panteones, rastro, vialidades, parques y jardines, zonificación, desarrollo urbano municipal y diversas licencias y permisos.
Así, al ser el municipio el ente de gobierno más próximo a la ciudadanía, así como la demarcación territorial y social de toda ciudad o núcleo de población, y conforme a su competencia constitucional, es precisamente el municipio el que es -o idealmente debería de ser- el principal garante del derecho a la ciudad, de ahí la importancia de elegir bien a las autoridades municipales pues de lo contrario podríamos tener una ciudad abandonada, como actualmente lo está nuestra Oaxaca Capital.
La Constitución también establece que los municipios se coordinarán con los estados y la Federación en el desempeño de algunas atribuciones, como las relativas al transporte y la seguridad, para garantizar brindar mejores servicios. Asimismo, hay competencias concurrentes entre los tres órdenes de gobierno en algunas materias, por lo que puede surgir duda respecto de quién es el responsable directo de ellas.
Sin embargo, partiendo del derecho a la ciudad y conforme a nuestro orden jurídico federal, estatal y municipal, es claro que el municipio tiene a su cargo de manera directa los servicios públicos enlistados párrafos arriba, así como la regulación del comercio, tanto formal como informal, la pavimentación de las calles, los servicios de limpieza y sanidad, entre otros. Es decir, es el municipio el encargado de poner y mantener el orden en los barrios, las colonias y las calles de su territorio.
Por lo que respecta a Oaxaca de Juárez, en últimas semanas, especialmente después de las elecciones del 6 de junio, hemos podido observar el casi total abandono en el cual se encuentra por parte del ayuntamiento: las calles están peor que nunca, no se da mantenimiento a los jardines y camellones y la inseguridad va en ascenso.
Pero una situación ha tomado especial relevancia en el debate público municipal: el incremento del comercio informal -o ambulantaje- principalmente en nuestro Centro Histórico, cuya conservación y cuidado también depende del municipio.
En los tiempos de lo políticamente correcto muchas veces lo que necesitamos escuchar es precisamente lo contrario. Y sé que lo que expresaré en las siguientes líneas es un tema por demás controversial y para algunos podrá ser políticamente incorrecto, pero considero que es un debate socialmente necesario para la ciudad.
El ambulantaje es una dicotomía. Por un lado, refleja las enormes desigualdades y las pocas o nulas opciones laborales que obligan a muchas personas a dedicarse al comercio informal, lo cual debe ser tratado con políticas públicas que ataquen el problema de raíz para generar más y mejores oportunidades para todas y todos. Por el otro, representa la cultura de la ilegalidad, que si bien muchos se ven casi obligados a formar, no deja de implicar una frontal violación a la ley, no solo por parte de los ciudadanos, sino, peor aún, por parte de las autoridades competentes en la materia -el municipio- que parecen haber claudicado en poner orden en la ciudad.
Así, esta dicotomía requiere de soluciones urgentes para ambas caras del problema, pero el abordar una no debe implicar el abandono de la otra, pues van de la mano.
Y por supuesto que hay que reclamar a las autoridades, pero hay que saber a quién exigir, y en este caso corresponde actuar al municipio de Oaxaca de Juárez.
El espacio público, como componente del derecho humano a la ciudad, es de todas y todos, no de unos ni de otros, y nada ni nadie debe estar por encima de la ley.
*Licenciado en Derecho por la IBERO Ciudad de México y Maestrando en Administración Pública por la Anáhuac Oaxaca.
Facebook, Twitter & Instagram: @AndresAlSil
