Será el Pleno del Suprema Corte de Justicia del Nación (SCJN) quien resuelva sobre la constitucionalidad de que elementos de las Fuerzas Armadas formen parte de la Guardia Nacional, debido a que los integrantes de la Segunda Sala de este órgano no llegaron a un consenso para resolver el asunto.
Durante la sesión de este miércoles, la presidenta de la Segunda Sala, ministra Yasmín Esquivel Mossa, anunció que la resolución del amparo 282/2020, promovido por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) pasaba al Pleno.
Los cinco integrantes de esta sala, Esquivel Mossa, y ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán, no llegaron a un acuerdo para definir si impedir que militares y marinos formen parte de la Guardia Nacional, afecta o no a la seguridad pública.
Le correspondió al ministro Franco González Salas la elaboración del proyecto de sentencia, en la que se resolvió negar el amparo al quejoso, bajo el argumento de que en la Ley de la Guardia Nacional únicamente se establecen las condiciones para militares como particulares, como personas físicas, se sumen a la corporación federal.
“Ninguno de los dispositivos cuestionados se dirige a personas morales como la quejosa; mucho menos establece obligaciones, sanciones o derechos a cargo de ese tipo de entes particulares”, se establece en la resolución.
El amparo promovido por MUCD va en contra de los artículos de 25, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de la Guardia Nacional, en los que se establecen las tareas de la corporación en relación con la seguridad pública y las limitaciones para que militares en activo integren sus filas.
En sus conclusiones, el ministro Franco González Salas advierte que no se puede separar al personal procedente de las fuerzas armadas, que integran la Guardia Nacional, debido a que actualmente es la única corporación federal encargada de tareas de seguridad pública.
“Resulta un hecho notorio que la Guardia Nacional es actualmente la única institución encargada de la seguridad pública a nivel federal (y local, en los casos en que existen convenios celebrados entre dicha institución y entidades federales o municipales), y los efectos del amparo pretendido, tendrían como consecuencia inmediata una merma en la integración y composición de dicho ente de seguridad”, indicó.
El Pleno de la SCJN será el encargado de resolver el asunto, luego de que se enlistó en dos ocasiones para su resolución en la Segunda Sala, cuyos integrantes coincidieron en que deben participar los 11 ministros para llegar a una conclusión que ayude a sentar una jurisprudencia.
