El gobierno federal trazó cuidadosamente un camino de baja resistencia a la construcción de un muro fronterizo en Texas.
Eligieron un refugio y otros lugares que posee o controla para iniciar rápidamente las obras.
Solamente necesitaba que el Congreso aprobara los fondos.
Y entonces llegó “Harvey”.
El gobierno del presidente Donald Trump debe vérselas con las secuelas de una tormenta que arrasó la costa texana del Golfo de México, donde hay zonas que siguen bajo el agua y decenas de miles de personas que abandonaron sus hogares.
La reconstrucción requerirá decenas de miles de millones de dólares únicamente para empezar, y posiblemente a expensas de la prioridad política más conocida de Trump.
La Casa Blanca había pedido mil 600 millones de dólares para construir 120 kilómetros iniciales de muro, el tramo más largo en el Valle del Río Bravo.
Por cierto, que es una pequeña fracción del costo de la reconstrucción, pero los senadores demócratas montaron una fuerte oposición a los fondos para el muro.
Tres días antes del arribo de “Harvey”, Trump amenazó con paralizar el gobierno si el Congreso no le daba los fondos.
Esa amenaza parece haber quedado descartada, como cualquier posible maniobra que vincule el muro a las medidas de mitigación del desastre.
Si Trump dice, ‘escuchen, sólo tendrán los fondos de rescate si me dan el muro’, es una calamidad política total”, dijo el consultor republicano texano Matt Mackowiak.
Es directamente insostenible”.
Antes de la tormenta, el gobierno había dedicado meses a los preparativos discretos para iniciar la construcción.
Esta empezaría en el Refugio de Vida Silvestre Santa Ana, un bosque floreciente lleno de mariposas y especies raras de aves junto al río Bravo, que no fue afectado por “Harvey”.
Los preparativos continúan: el viernes se vieron cuadrillas en Santa Ana que cavaban pozos para ensayos del terreno en el dique construido para contener las aguas del Bravo.
La directora del Centro Nacional de Mariposas, junto a la frontera, sorprendió a trabajadores que talaban árboles y segaban la vegetación en su propiedad sin su permiso.
Y se ha visto a contratistas en el tribunal de un condado vecino estudiando los archivos de propiedad de la tierra.
El gobierno quiere construir en los cinco kilómetros de dique que atraviesa el borde norte del refugio, lo que separaría el centro de visitantes del resto del parque.
El muro tendría una puerta para dejar pasar las visitas y se eliminaría la vegetación para construir un camino de acceso y dar a los agentes mayor visibilidad.
Según los planes actuales, se construirán otros 40 kilómetros en partes del dique, en tierras que teóricamente son controladas por el gobierno y donde ya se han erigido vallas en el pasado.
El resto de las obras abarcará pueblos sobre el río más al oeste.
Los ambientalistas, por su parte, aseguran que las obras en Santa Ana producirán daños irreparables en esa zona boscosa y harán peligrar los animales en caso de inundaciones.
En el refugio viven varios gatos silvestres en peligro y más de 400 especies de aves.
El Departamento de Seguridad Nacional, no obstante, puede hacer a un lado ciertas medidas de protección del medio ambiente para acelerar las obras, como ya ha hecho en San Diego.
E incluso si el Congreso no aprueba los fondos, el departamento podría estar en condiciones de construir en el refugio reasignando fondos de su presupuesto.
