Aquel México que simulaba cada tres y cada seis años un proceso democrático de votación, fue dejando hace 24 años el paso al verdadero ejercicio del sufragio libre y efectivo. El PRI se despedía de Los Pinos y entraba, Vicente Fox, advenedizo en política, pero que acertó al tener un equipo financiero y económico experimentado. Fox pretendió jugar al priismo en 2006, pero en su propio partido le fue impedida la maniobra: triunfaba Felipe Calderón, con experiencia parlamentaria, partidista y administrativa. Le tocó sortear la crisis de salud por el virus AH1N1 en 2009, simultáneamente con la depresión mundial. De ambas pruebas salió bien: el crecimiento económico fue positivo en su sexenio.
En 2012 regresaba el PRI ante una candidatura del PAN muy débil y un rijoso del PRD. Al cabo de seis años, la economía había crecido y se habían sentado y consolidado bases para mantener el crecimiento y el empleo. Se emprendió la construcción del NAIM en Texcoco, que ubicaría a México en el eje del transporte aéreo de altura mundial. Escándalos familiares, sospechosa desaparición de los 43 de Ayotzinapa y ruidosa corrupción en el gabinete, dieron al traste con una sucesión que, en lo administrativo, lo económico y en política exterior apuntaban favorablemente. Enrique Peña terminó en el desprestigio personal y de su partido.
Las elecciones de 2018 garantizaban nuevamente el proceso democrático. El nuevo presidente juraba cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. No podía esperarse otra cosa. Había anunciado gobernar para todos y no hacer distingos. Pero no tenía ni hubo plan nacional de desarrollo, sólo expresiones políticas y se empezó a recurrir a una sensiblería moralizante. Se destruyó en una burda “consulta popular” el NAIM, que llevaba gran avance y a cambio se iniciaron tres ideas sin sustento de viabilidad técnica, económica y financiera: una refinaría para un combustible en extinción; un tren en la selva tropical húmeda, sin posibilidades reales de recuperación en turismo o comercio; acondicionar un aeródromo militar como el aeropuerto “más grande y moderno del mundo” dijo extrañamente el presidente. Perdidos 131 mil millones de pesos.
Los recursos del erario se empezaron a distribuir en programas sociales improductivos y sin expectativas de recuperación: todo a fondo perdido. Las instituciones del Estado y los órganos autónomos se tornaron en objetivos de destrucción. Al sector salud se le retiraron fondos y se prometió un sistema sanitario “igual que Dinamarca o Canadá”. La cámara de diputados se tornó en una entelequia al servicio de la voluntad palaciega. El poder judicial está en camino de absorción. Cinco sexenios de crecimiento económico han sido calificados de “neoliberales” y señalados como responsables de cuanta desagracia se ocurra para México. Prensa, medios, pensadores, analistas políticos, críticos, articulistas, reporteros y todo ente pensante es acusado hasta de “traición a la patria” y exhibido en un continuado programa cotidiano de descalificaciones y acusaciones sin pruebas. En lo económico no hay buenas señales.
Pero si las políticas públicas emprendidas pueden concluir en desastre económico y financiero, en política exterior se recurre a medidas torcidas y se emprende un pleito gratuito con Estados Unidos que puede también descomponer las relaciones comerciales y financieras: daño al empleo y ahuyentar la inversión productiva.
Se cierne algo muy grave: el ataque y anticipo de exterminio a las instituciones que forjaron la democracia en México. El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se han convertido en los enemigos principales del poder y es altamente probable que, de obtener mayoría en las elecciones del próximo 6 de junio, el régimen le dé a México un oprobioso obsequio: el fin de la democracia y el tiro de gracia a las libertades públicas. EXTRA: ¿Por qué a una ex presidenta de Brasil se le da trato de jefe de Estado, en un hecho pseudo histórico, usado para enaltecer a la favorita de Palacio en plena desgracia del Metro?
