Primera parte
El 14 de junio de 2020, en una de las primeras ediciones de este espacio, publiqué un texto de título “López Obrador y la concentración del poder” en el marco de la iniciativa que Morena había presentado en el Senado de la República para desaparecer la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Gracias a la presión mediática de la academia y la sociedad civil, dicha iniciativa fue puesta en la “congeladora”, como se dice en el argot parlamentario. Y esperaba que ahí terminara el asunto. Sin embargo, tristemente, lejos estábamos de ello.
En aquella ocasión fue una iniciativa del coordinador de Morena en el Senado, por lo que se podía decir -si es que alguien sigue creyendo que este Ejecutivo no controla el Congreso de mayoría morenista- que la idea provenía de sede legislativa.
Pero hoy, 6 meses después, me veo obligado nuevamente a hablar sobre la concentración de poder en tiempos obradoristas por otra iniciativa, aunque todavía no de ley, que busca eliminar algunos órganos constitucionales autónomos.
La diferencia es que ahora la propuesta viene desde el púlpito presidencial, lo que nos permite conocer, nuevamente, la verdadera cara del actual Presidente de la República: la de un demagogo que detesta a todas aquellas personas e instituciones que representan un contrapeso al ejercicio arbitrario de poder que ha llevado a cabo desde el 1 de diciembre de 2018 y que ha ido in crescendo.
Para iniciar el año -bien para él y su régimen y mal para nuestro país – en los primeros días de enero Andrés Manuel López Obrador anunció que elaboraría una propuesta “administrativa” para eliminar diversos órganos constitucionales autónomos (OCA’s) y que sus facultades fueran absorbidas por dependencias de la Administración Pública Federal -esto, por sí solo, es un claro ejemplo de concentración de poder- pasando por alto que los OCA’s tienen su fundamento en la Constitución y que él, por decreto, no puede eliminarlos ni quitarles competencia, algo que incluso ya estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero, como siempre, López Obrador demuestra su desdén por la Constitución.
Y aun en el supuesto de que haga las cosas bien -si es que eso es posible en el Régimen de la Regresión- y envíe una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión para eliminar los OCAs, sería una clara amenaza para la democracia.
En esta ocasión, aunque incluyó también al IFT, la afrenta fue directamente contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), institución fundamental en la democracia mexicana gracias a la cual la ciudadanía puede exigir rendición de cuentas a los gobiernos.
Algo que, como buen partidario de la opacidad, no le gusta ni conviene a AMLO ni a su régimen, pues gracias al sistema de transparencia se han podido dar a conocer casos como el de su prima Felipa López Obrador, la negativa de su gobierno de dar a conocer diversos contratos, entre otros que nos han permitido ver cómo su bandera anticorrupción se ha rasgado hasta ser más bien una bandera de impunidad
Y es que no hay democracia sin transparencia, por lo que un ataque al órgano garante de la segunda, el INAI, es un ataque a la primera. Y eso es precisamente lo que pretende López Obrador, debilitar el Estado y la democracia mexicanas para saciar su hambre voraz y sed de poder. ¿El afectado? El pueblo de México, aquél al que ya saben quiénes dicen no traicionar. Pero del dicho al hecho…
Sobre este tema, y en específico sobre el papel de cada órgano constitucional autónomo y la importancia del Estado regulador, profundizaré la siguiente semana.
*Licenciado en Derecho por la IBERO Ciudad de México y Maestrando en Administración Pública por la Anáhuac Oaxaca.
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