Ante el confinamiento prolongado por la actual emergencia sanitaria, la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, consideró necesario visibilizar las formas de violencia y emitir recomendaciones a los tres niveles de gobierno, para el diseño de esquemas de alerta temprana, con programas integrales de prevención y atención ante cualquier agresión que puedan vivir las niñas, niños y adolescentes.
Destacó la importancia de saber y reconocer qué es y en qué consiste la violencia en contra de los menores, porque de manera cotidiana se ven expuestos al abuso de los mayores y en su propio hogar.
“Pero ahora como consecuencia del Covid 19, aumentó el nivel de estrés ante la inseguridad física, económica, laboral y alimentaria; eso propicia violencia doméstica, la cual se incrementó en un 28% en lo que va del año”, expuso.
Recordó que la UNICEF, por medio de su representación en México, señaló que se carece de datos sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes, pero se estima que ha aumentado de forma recurrente, lo cual dificulta la toma de decisiones de políticas públicas basadas en evidencias.
“En efecto, la violencia contra la niñez ya era grave antes del confinamiento, pero ante la pérdida de los empleos y la difícil situación de salud y económica que se vive no sólo en Oaxaca, en México y el mundo entero, ha provocado ansiedad y angustia, motivando cambios de vida y de carácter”.
Añadió que las primeras reacciones de violencia con los hijos, pueden ser el grito, el golpe, el maltrato o castigo, la humillación e incluso ignorarlos.
“Pero lo más lacerante y que les deja marca en cuerpo y alma, es tocarlos o abusarlos de manera indebida, situación y reacción que no conoce estatus social, económico o de preparación académica; la mayoría de las veces, son los varones de la familia como el padre, el abuelo, tío o hermano, quienes abusan de los niños, y estos callan por miedo o para evitar problemas mayores a su familia”.
En consecuencia, lamentó, el autoestima del menor es baja, no tienen buen rendimiento escolar, presenta una gama de problemas psicológicos que los tornan en niños o adolescentes rebeldes y desde luego, no tienen capacidades para enfrentar sus problemas, situación que incluso los lleva al suicidio.
La magistrada consideró que endurecer las penas contra los agresores de niñas y niños no es la solución, porque “sólo llenarían las prisiones con una sociedad dañada, enferma física, psicológica y económicamente, porque el niño abusado se convierte en el abusador del mañana; todo es efecto reflejo, consiguientemente es un multiplicador del problema”.
Destacó necesario que la prevención y la capacitación sea obligatoria sobre todo en los casos donde ya se han judicializado las denuncias correspondientes, para tratar de manera integral involucrar no sólo al menor afectado y a su abusador, sino a toda la familia.
Reiteró que todo problema es de educación y prevención, las autoridades deben considerarlo como prioridad en la agenda pública gubernamental, para cumplir con un sector vulnerable e importante en la sociedad como las niñas, niños y adolescentes.
