La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó que los OPLES cuentan con competencia para conocer denuncias de violencia política en razón de género, así como dictar medidas cautelares, solicitar órdenes de protección, emplazar y celebrar audiencias, para que se resuelva sobre la acreditación de la infracción electoral en comento, dentro y fuera del proceso electoral.
Al confirmar por razones distintas, la sentencia del Tribunal estatal electoral TEEO que revocó el acuerdo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) que desechó la demanda presentada por la titular del Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez, Jaqueline Escamilla Villanueva, ordenó resolver lo que en derecho proceda.
Los magistrados de la Sala desestimaron los agravios expuestos por los promoventes, ya que al momento en que sucedieron los hechos denunciados se encontraba vigente la modificación a la normativa general.
Misma que establece las bases a las que debía sujetarse el IEEPCO para que conociera, a través del Procedimiento Especial Sancionador, asuntos relacionados con violencia política en razón de género.
Proyectaron que a través de un procedimiento especial sancionador puede determinarse que el munícipe de la capital de Oaxaca incurrió en violencia política por razón de género.
El magistrado presidente, Enrique Figueroa Ávila, destacó que a partir de la reforma legal publicada en el Diario Oficial de la Federación de 13 de abril, así como de la reforma legal en el estado de Oaxaca, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género se construyó un nuevo diseño institucional para la protección de los derechos humanos, político y electorales de las mujeres.
