Las agresiones contra el gremio periodístico en México se incrementaron 45% durante los primeros seis meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2019, alertó la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19.
La organización destacó que, mientras en el primer semestre de 2019, primer año de gobierno de López Obrador, se registraron 280 agresiones contra periodistas, en los primeros seis meses de 2020 documentó 406 actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, cifra que equivale a los reportes de todo el año 2015.
Lo anterior quiere decir, según la organización, que hoy se agrede a la prensa cada 10.75 horas.
“De continuar esta tendencia, el 2020 sería el año más violento para la prensa desde que Artículo 19 tiene registro”, señaló la organización en un comunicado.
Artículo 19 sostuvo que durante la administración de López Obrador han sido asesinados 15 periodistas, de los cuales cuatro han ocurrido este año. Las víctimas son María Elena Ferral y Jorge Valdivia, en Veracruz; Jorge Armenta, en Sonora; y Pablo Morrugares, en Guerrero.
⚠️ Cada 10.75 horas se agrede a la prensa en México 🇲🇽.
Esto es resultado del aumento del 45% en agresiones contra periodistas. De enero a junio de 2020 se registraron 406, mientras que en 2019 fueron 280 en el mismo periodo.https://t.co/xVI8vV5dnB pic.twitter.com/4g62k4uJh0
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) September 14, 2020
Entre las agresiones registradas por Artículo 19 este año destacan 96 amenazas, 40 de ellas de muerte, que implican un aumento de 26% con respecto al año pasado; 91 casos de intimidaciones y hostigamiento, que representan 40% más; 36 campañas de desprestigio, que casi alcanzan las 39 reportadas el año pasado.
Artículo 19 documentó 61 casos de bloqueos informativos y alteraciones de contenido, que representan el doble del año pasado, en tanto que la organización enumeró 47 ataques físicos, que implican 80% más que las del año pasado.
En cuanto a las cinco entidades más peligrosas para ejercer el oficio periodístico por el número de agresiones registradas, la organización identificó a la Ciudad de México, con 64; Puebla, con 49; Oaxaca, con 32; Veracruz con 26 y Quintana Roo con 24.
En materia de presuntos perpetradores de las agresiones, Artículo 19 identificó en 199 casos como responsables a funcionarios públicos; en 97 a particulares; en 16 a integrantes el crimen organizado; en 7 a miembros algún partido político, y en 87 casos no se pudo ubicar al responsable de la violencia contra el gremio periodístico.
La organización destacó que, en el caso de los funcionarios, 94 corresponden a nivel estatal; 60 municipales y 45 federales.
Los tipos de coberturas de los periodistas agredidos corresponden en 192 casos temas de corrupción política; en 74, seguridad y justicia; en 65 protesta o movimientos sociales; derechos humanos 51; sector privado 10 y 5 tierra y territorio.
Para Artículo 19 resultó revelador que prácticamente la mitad de las agresiones reportadas en los primeros seis meses se hayan cometido por funcionarios como un reflejo de la “intolerancia de los funcionarios públicos al escrutinio público”, sobre todo en el abordaje de temas como la pandemia, de ahí que 68 casos estuvieran relacionados con esa cobertura, ante la “negativa de los gobernantes a responder preguntas o recibir críticas sobre el manejo de la pandemia”.
Agregó que “existe un efecto multiplicador donde la misma estrategia del gobierno de Andrés López Obrador se repite en los estados. En vez de fungir como espacios de diálogo o de transparencia informativa, tanto el presidente como los gobernadores utilizan las conferencias de prensa, en temas generales y de la salud, para estigmatizar y denostar a la prensa”.
Entre los gobernadores que han incurrido en señalamientos a la prensa, la organización a Jaime Bonilla en Baja California, donde hubo 11 bloqueos y estigmatizaciones a medios críticos, y a Miguel Barbosa, en Puebla, donde se reportaron 25 agresiones.
En cuanto al papel de la delincuencia organizada en las agresiones, Artículo 19 consideró que en Quintana Roo, Guerrero, Baja California y Sonora, hay indicios de que los perpetradores de la violencia contra la prensa tendría su origen en grupos delincuenciales.
“Los asesinatos, la desaparición de un periodista por más de 48 horas, y las amenazas de muerte por grupos del crimen organizado son una constante en regiones donde la frontera entre el gobierno y el crimen organizado se vuelve difusa”, asentó.
Los meses de mayor violencia para la prensa fueron enero y marzo, con 73 registros cada uno, seguidos por febrero con 70; mayo con 67, en tanto que en abril y junio se reportaron 61 y 62 agresiones.
Además de los ataques arriba mencionados, Artículo 19 también registró 35 casos de uso ilegítimo del poder público; 26 privaciones de la libertad; 12 ataques a bienes materiales; 10 casos de remoción de contenido; 7 ataques de denegación de servicio; acceso ilícito o dominios falsos o cuentas falsas, seis casos en cada uno de estos tipos de agresiones.
La organización también documentó dos casos de desplazamiento forzado de periodistas, un caso de desaparición y uno de vigilancia ilegal de comunicaciones.
Artículo 19 destacó que, de las 406 agresiones, en 236 casos las víctimas eran hombres, 111 mujeres y 59 medios de comunicación.
La organización urgió a los tres niveles de gobierno “revertir esta tendencia de violencia”, por lo que recomendó fortalecer el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas; desarrollar políticas públicas integrales que garanticen la libertad de expresión, para lo cual es necesaria “la abstención de emitir declaraciones que descalifiquen o estigmaticen a la prensa y que la ubiquen en una posición de mayor vulnerabilidad”.
Asimismo, Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de la República ejercer si facultad de atracción en casos graves contra la libertad de expresión, en tanto que recomendó a las fiscalías estatales “investigar con la debida diligencia para identificar y conducir ante los órganos judiciales a los responsables de agresiones contra la prensa”, aplicando el Protocolo Homologado de Investigación de delitos contra la Libertad de Expresión.
