“En el estado de Puebla hay persecución política”, dijo ayer Dimas Romero, dirigente de la organización Antorcha Campesina, durante la manifestación de cientos de militantes en la capital oaxaqueña en solidaridad con sus compañeros del vecino estado.
Para el dirigente estatal, el congelamiento de cuentas a líderes del ente y las acusaciones hechas por el gobierno del morenista Miguel Ángel Barbosa son el “preludio del intento de encarcelar a dirigentes sociales en el estado de Puebla”.
“Queremos denunciarle al país que en el estado de Puebla hay persecución política, que se está acusando a nuestros compañeros de obtener dinero de procedencia ilícita, sin que no se haya dado prueba alguna sino que tampoco exista un documento donde se les haya dicho cuál es el delito por el que se les persigue”.
La mañana de ayer a través de una conferencia, una cadena humana, marcha y mitin en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, la organización que en el país aglutina a 2.5 millones de militantes mostró su rechazo al gobernador de Puebla.
A este dijo que, de continuar las acusaciones y “persecución política” contra líderes como el dirigente estatal en Puebla, Juan Carlos Celis; Soraya Córdova Morán y Rosario Sánchez Hernández (esta última líder en la capital) se intensificarán las protestas, al grado de convertir a Puebla en epicentro de movilizaciones.
El pasado 17 de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer el congelamiento de 10 cuentas bancarias vinculadas con la organización Antorcha Campesina y que pertenecen a integrantes de la organización política en Estado de México y Puebla. Una de ellas fue la de Juan Manuel Celis Aguirre.
Sin embargo, en Oaxaca, Dimas Romero señala que esto se enmarca en las declaraciones o señalamientos que en contra de la organización ha hecho desde hace casi dos años el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“El presidente y el titular de la Unidad de Investigación Financiera, desde inicio del gobierno de la Cuarta Transformación hicieron declaraciones peligrosas en ese sentido y hasta la fecha no se nos ha probado delito alguno”.
A decir de Dimas, estas acusaciones son para reprimir a “la fuerza social y política que puede evitar que el gobierno de la 4T y políticos de Morena ganen en el próximo proceso electoral” y como represalias por haber “denunciado el fracaso del gobierno” de López Obrador.
Frente a las acciones del gobernador Miguel Ángel Barbosa, advirtió que “primero cae el gobernador de Puebla antes que nosotros permitamos que encarcelen a nuestros compañeros”.
