La apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de organizar una consulta ciudadana para decidir si se enjuicia o no a expresidentes es riesgosa, carece de oportunidad para llevar a alguien a la cárcel y dañaría a las instituciones del país, al Poder Legislativo, a la Suprema Corte y a órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, advirtió el periodista Roberto Rock.
En entrevista para EL IMPARCIAL, el director del medio electrónico La Silla Rota señaló que la meta más alta que alcanzaría un ejercicio como el propuesto por López Obrador es convertirse en un juicio político que exponga ante los ciudadanos los actos de corrupción cometidos durante más de 30 años desde Los Pinos.
Aunque acepta que es una alternativa para generar una especie de cierre histórico por las deudas por corrupción generadas desde el poder, subrayó que los expresidentes desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto tienen a su favor que la mayoría de los crímenes que se les pretendería imputar, ya prescribieron.
“En lo personal, pienso que una consulta popular para ver si se juzga a los expresidentes es un mal recurso porque todo el país podemos votar a favor de que se les juzgue, pero si el delito ya prescribió por más que todos estemos de acuerdo no va a pasar nada y, sin embargo se va a manosear a las instituciones que puedan intervenir.
“Pienso que tiene sentido hacer un ejercicio político para llevar a un tribunal ciudadano a los corruptos del pasado, pero que la lucha de la consulta pública va a lastimar mucho a las instituciones, al Legislativo, a entidades independientes que no creo que acepte hacerlo el INE, o a la Corte, que creo que también lo rechazaría, simplemente convencer a las bancadas de Morena va a lastimar al Poder Legislativo y va a terminar siendo como la consulta del aeropuerto, una especie de consulta informal, que va a acabar en una condena política, sí, pero sin ningún efecto vinculatorio, sin una obligación para que esto sea llevado a un aspecto jurídico que no es viable, que no tiene ningún sentido”, expresó.
Puso como ejemplo el caso de Enrique Peña Nieto, quien presuntamente financió su campaña presidencial de 2012 con recursos ilícitos provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Si se le acusa por ese delito, advierte, éste ya ha prescrito.
“México fue el país que más se tardó en llevar la atención pública al tema Odebrecht, esto provocó que varios de los delitos en los que incurrieron exfuncionarios prescribieran, particularmente en el tema del financiamiento a la campaña del gobierno de Peña Nieto y algunos estatales como el de Javier Duarte, que también hay muchas evidencias que recibió dinero de Odebrecht”, asegura.
Rock, quien fue integrante del Grupo Oaxaca, que impulsó la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública de México, señala que López Obrador, enterado de que actuar legalmente contra quienes se beneficiaron de actos de corrupción es un escenario lejano, ha trasladado la lucha a tribunales políticos, ciudadanos, para enterar a los ciudadanos de la gravedad de los casos de dinero robado o de daños a la nación.
“En lo personal estoy de acuerdo, creo que en buena parte de estos delitos que ya prescribieron obligan a López Obrador y a su gobierno a utilizar recursos políticos para una sanción política, creo que el tema de AHMSA no ha prescrito pero me da la impresión de que él considera que es un tema menor considerando el tamaño de los problemas de corrupción. Está peleando este tribunal político para juzgar porque finalmente es difícil que alguien sea llevado a la cárcel por estos delitos”, agrega.
Otro elemento que se observa en el análisis de esta propuesta es que el presidente está jugando solo frente a los gobiernos pasados y asume la responsabilidad de impulsar esta consulta él mismo, porque carece de un partido con representatividad, que sostenga por sí mismo la demanda de enjuiciar a expresidentes.
“Éste es un gran dilema que tiene López Obrador, qué hacer con el pasado, que lo está utilizando para efectos políticos también, para que tenga un impacto electoral, lo está utilizando porque no tiene un partido político actuante, desde que llegó a la Presidencia López Obrador no ha logrado darse un partido político con estándares mínimos, es un partido que en dos años no ha logrado tener un presidente que sea aceptado por todos, ese vacío que está dejando Morena lo está teniendo que cubrir López Obrador con una campaña político-electoral”, agrega.
Respecto a que, si López Obrador está combatiendo eficazmente la corrupción al interior de su gobierno, Rock señala que existen pocos elementos para defender la gestión del tabasqueño.
“Se está construyendo un gobierno muy opaco en materia de transparencia, en obra pública, proveeduría se está haciendo por asignación directa, hay elementos para suponer que hay corrupción: tenemos a la vista los contratos del hijo de Manuel Barttlet, las casas de Irma Eréndira Sandoval, empresas que por su naturaleza deben ser castigadas y siguen teniendo contratos, empresarios farmacéuticos cercanos al presidente que se llenaron los bolsillos con contratos gubernamentales y que fueron sancionados con una cantidad infinitamente menor que la que se le asignó a Nexos”.
Sobre esa opacidad, advierte, tendrá que determinarse si se generó para resolver asuntos muy relevantes, por la urgencia de darle la vuelta a obstáculos burocráticos, “que finalmente son la ley” o si “acaba encubriendo el uso discrecional de dinero, para privilegiar a empresas cercanas, a familiares, nadie sabe de dónde sale el dinero para que los hijos del presidente López Obrador tengan el tren de vida que están teniendo, todo esto genera muchas suspicacias y obligaría a decir que no se sabe si el combate a la corrupción a su gobierno está siendo eficaz”.
