Cámaras que agrupan a pequeñas, medianas y grandes empresas, entregaron ayer 35 mil firmas, con las que pidieron audiencia con el gobernador Alejandro Murat para que se detenga la ley que prohíbe la venta de productos con alto contenido calórico a menores de edad.
Al advertir que esta ley viene a dirigir al sector a una vida de mayor carestía, incertidumbre e inseguridad, pidieron un encuentro con los sectores que intervienen en este contexto.
La jornada de protestas de ayer sirvió para exponer la postura del sector empresarial, así como una concentración en el zócalo de la capital donde estuvieron los representantes de la iniciativa privada.
“Más ahora con la catástrofe y será un obstáculo para salir adelante; esta ley nos llevaría una vida de mayor carestía, incertidumbre e inseguridad”, externó el representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Servitur), Ernesto Gutiérrez Jiménez.
Junto con el representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), alertaron que con la prohibición de venta de comida chatarra a menores de edad no van a cambiar el patrón de consumo de los mexicanos.
“Creemos que el combate a la obesidad y a la diabetes no debe prohibir la libre elección y sí apoyar la educación”, indicó.
Por su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivero, señaló que esta reforma viene a impactar de manera negativa para 58 mil comercios.
Y de esos, unos 6 mil estarían en riesgo de cerrar, que representa más del 10 por ciento.
“La reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que prohíbe vender, regalar, distribuir o promocionar productos no saludables a menores de edad, es una situación de afectación al comercio”, acusaron.
Al Congreso, pidieron no hacer las cosas a medias, así como responder a la postura de inconformidad.
Reunidos en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, pidieron un encuentro con el gobernador para abrir una mesa de diálogo democrático y transparente con representación de todos los involucrados.
Aún no es legal su aplicación
La diputada Magaly López Domínguez reconoció que la “ley antichatarra” corre el riesgo de convertirse en letra muerta si no existe voluntad política por parte del Poder Ejecutivo, encargado de su aplicación, y si no es acompañada de políticas públicas diseñadas y puestas en práctica bajo un enfoque de derechos, dirigidas a la atención integral de la salud y la nutrición de la infancia oaxaqueña.
Aunque no existe un periodo establecido para la publicación de las leyes que se aprueban en el congreso local en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, al cumplirse más de 20 días de su aprobación, el decreto que adiciona un artículo 20 bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico, no ha sido publicado por el Ejecutivo.
De acuerdo con las normas estatales, para que tenga vigencia en la entidad oaxaqueña, estas reformas tienen que ser publicadas en el Periódico Oficial, sin embargo, al no ser un tema de interés o por cuestiones de protestas sociales que han derivado de la ley, podría ser enviada nuevamente para su modificación al Poder Legislativo.
