El Derecho de Acceso a la Información, o también denominado derecho a saber, comprende el libre acceso a información plural y oportuna, así como recibir, investigar y difundir cualquier información. En México, el DAI tuvo un gran impulso al inicio de este milenio, gracias a organizaciones civiles, académicos y periodistas, quienes promovieron la primera ley de transparencia y acceso a la información pública, esto es, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta Ley tuvo como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federativa.
Cerca de cumplirse 20 años de aquel enorme esfuerzo, se han obtenido resultados importantes. Según la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019, los principales medios que la ciudadanía identifica para obtener información del gobierno son la búsqueda de información en las páginas de internet (35.7%), examinando portales de transparencia en internet (25.7%) y acudiendo directamente a una institución u oficina del gobierno (11.2%). No obstante, solo 54.8% de la población dijo conocer o haber escuchado sobre la existencia de una dependencia gubernamental que garantiza el derecho de acceso a la información pública; además, disminuyó significativamente el porcentaje de personas que considera que todos pueden tener acceso y conocer información en posesión del gobierno, al pasar de 97.8% en 2015 a 72.3% en 2019.
Aunque en la actualidad la población tiene mayor acceso a la información pública que hace 20 años, un gran pendiente es el de ciudadanizar todos esos datos, archivos, informes, etc., pues se debe considerar que muy pocas personas comprenden la información que proporcionan los Sujetos Obligados. Tiene poca relevancia que haya cada vez más y más información si las personas no pueden comprenderla y, mucho menos, utilizarla.
En este sentido, vale la pena mencionar el papel activo que han tenido las organizaciones civiles y medios de comunicación para acercar la información pública a la ciudadanía. Gracias a éstos, la ciudadanía conoce cómo y en qué se gastan los recursos públicos; también han jugado un papel importante en la defensa y promoción del derecho a la información, pues han levantado la voz y dejado en claro su importancia. Por ejemplo, organizaciones como Fundar, Artículo 19, Equis Justicia, Transparencia Mexicana, entre otras, han puesto de manifiesto, tanto en cartas públicas como en foros, sus preocupaciones respecto a la suspensión de plazos en los trámites relacionados a solicitudes de información, recursos de revisión y obligaciones de transparencia, en el contexto del COVID-19 en México, pues la información pública debe ser un instrumento para prevenir y combatir esta pandemia.
En el contexto local el acceso a la información se encuentra mayormente limitado, pues hay una menor disponibilidad de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), además de que la mayoría de Sujetos Obligados son municipios que tienen una población menor a los 70 mil habitantes, por lo cual no tienen la obligación de cargar o actualizar información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), aunque sí deben de recurrir a otros medios conforme a los recursos que dispongan. Tampoco se debe omitir que ante la situación tan adversa en la que viven la mayoría de los oaxaqueños, esto es, pobreza, marginación y un alto nivel de informalidad laboral, es claro que la ciudadanía concentra sus esfuerzos para atender estos problemas, y no pueden conocer y ejercer su derecho de acceso a la información.
Aunado a los elementos mencionados, la información pública normalmente se proporciona en español, con lo cual se margina a las personas que hablan alguna lengua indígena. En Oaxaca se hablan once lenguas indígenas; además, nuestra entidad tiene la mayor proporción de hablantes de alguna lengua indígena a nivel nacional, pues 32.2% de la población de 3 años y más habla alguna lengua indígena, según el INEGI.
Sin duda, en Oaxaca, los desafíos son mayores en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, el que las personas conozcan y entiendan la información gubernamental, permite mejorar el uso de los recursos públicos, lo cual es indispensable en una entidad con tantas carencias como la nuestra. El reto es enorme, pero es una lucha que no debe esperar.
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