El caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, puede pasar a una impunidad simulada si no se abarca toda la red, advirtió el investigador Edgardo Buscaglia.
En entrevista para Aristegui en vivo, comentó en que al ex funcionario se le ha dado un trato preferencial, a cambio de que colabore con la Fiscalía General de la República, a donde esta semana presentó una denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario Luis Videgaray, a quienes señala por haberle ordenado el pago de sobornos.
Refirió que el fiscal Alejandro Gertz tiene que dar incentivos a testigos colaboradores como él para que brinden información.
Sin embargo, esto debe ser en la medida que la información que brinde sea corroborada, lo cual no ha ocurrido en este caso.
“La prisión preventiva se le aplica a personas como Lozoya hasta el momento en que la información que brinde… sea corroborada. Hasta que eso no ocurra Lozoya no puede estar afuera de la cárcel, tiene que estar adentro, para darle además incentivos a que brinde toda la información adecuada que permita reparar los daños”, sostuvo.
Por ello consideró que fue prematuro que se le dejara seguir su proceso en libertad. Además, mencionó que Gertz sigue refiriéndose a los hechos que describe Lozoya como “pruebas” y ese es un error.
Ayer, el fiscal Gertz comparó los casos de Lozoya con el de Rosario Robles y dijo que la diferencia es que uno aceptó cooperar con las autoridades mexicanas, mientras la otra no, por lo que ésta permanece en prisión preventiva.
Detalló que hay 13 países involucrados en la operatividad de delitos de este caso, pero la FGR no ha buscando la cooperación con el resto de ellos, como Alemania, como sí lo hizo con Brasil y Perú.
Anotó que si a Lozoya se le imputa delincuencia organizada transnacional “permitiría tener todos los pedazos del rompecabezas”.
“Para llegar a las cuentas bancarias de estos políticos en diferentes países va a tener que abarcar mucho más”, explicó.
“En todos los casos Odebrecht que hemos visto hay políticos de todos los partidos porque en la estrategia de infiltración de esta empresa no solamente capturaban al Estado sino reformateaban al Estado”, expuso.
“Hacían mucho más que simplemente ir con un Lozoya, se metían en todos los ámbitos del Estado”, señaló.
Por otro lado, alertó que es frecuente que a testigos colaboradores se les intente asesinar, por lo que la FGR debería ordenar medidas de protección que abarque a jueces e imputados de este caso.
“Tiene que haber mecanismos de protección, especialmente cuando Lozoya está diciendo que pertenecía a una red criminal”, dijo.
El investigador sostuvo que este caso representa una “oportunidad histórica de dejar atrás una mafiocracia” y que se abarque el mayor número de políticos y empresarios posibles.
En ese sentido, lamentó que en México no hay un sistema de prevención de la corrupción.
Buscaglia agregó que ya le envió a Gertz Manero un “esqueleto de manual operativo interinstitucional” para llevar a cabo la coordinación entre instituciones del Estado Mexicano, pues actualmente trabajan cada una por su lado.
“La cooperación con instituciones le daría mucha más información contra Lozoya y su familia, y contra actores políticos diversos”, opinó.
