Especialistas en materia penal proponen crear una Comisión de Revisión de Proyectos Legislativos frente al Parámetro de Control de Regularidad, esto con el fin de evitar la aprobación de leyes que son revertidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o que simplemente no se cumplen en la entidad.
El presidente de Litigio Estratégico Indígena, A.C., Carlos Morales Sánchez, explicó que el máximo tribunal del país determinó recientemente la inconstitucional de la Ley de Extinción de Dominio de Oaxaca “porque la única autoridad para legislar sobre extinción de dominio es el Congreso de la Unión, por lo que el congreso local invadió funciones”.
El abogado detalló que han existido otros casos, en los que se haya determinado que la legislación oaxaqueña es inconstitucional. “En el año 2013, sufrió un duro revés. La SCJN declaró inconstitucional el artículo 146 del Código Civil de Oaxaca que establece que el matrimonio es la unión entre un solo hombre y una sola mujer con la finalidad de perpetuar la especie. La Suprema Corte dijo que esa norma viola el derecho a la igualdad y no discriminación”.
“Es importante indicar además, que en el 2018, derivado de un juicio de amparo promovido por Litigio Estratégico, el Poder Judicial de la Federación determinó que el congreso local había sido omiso en construir la ley de consulta previa libre e informada para los pueblos indígenas y de buena fe. Y obligó a los diputados de Oaxaca a construir la ley de consulta indígena. Fue el primer caso en el país en que un congreso estatal es obligado a construir una ley en materia indígena, es decir, por una parte, la Suprema Corte invalida las leyes del congreso de Oaxaca y por otra parte les ordena crear leyes”.
Morales Sánchez destacó que para evitar tantos reveses ante la Suprema Corte, propuso al congreso local crear una Comisión de Revisión de Proyectos Legislativos frente al Parámetro de Control de Regularidad.
“Las leyes ya no pueden hacerse como se hacían antes. Cada día hay una ciudadanía más comprometida que combate las leyes a través de juicios de amparo y los órganos de protección a los derechos humanos promueven acciones colectivas contra las leyes. Y finalmente, la Suprema Corte resuelve si las leyes se ajustan al parámetro de regularidad de constitucionalidad”.
Expuso que la Comisión le competería revisar que las propuestas legislativas se ajusten a los mandatos de la Constitución Federal, a los tratados internacionales suscritos por México, a la jurisprudencia de la SCJN y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
“Con ello se podría frenar a los diputados que legislan de manera desacertada con el propósito de llamar los reflectores o con fines electorales. Cada diputada y diputado quiere crear su ley, piensan que con eso van a ser recordados. A veces olvidan que son representantes del pueblo y que deben legislar en favor de éste.
