Una vez que entre en vigor la modificación al artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, los comerciantes que incumplan con las nuevas disposiciones que prohíben la venta de chatarra, serán acreedores a una sanción administrativa.
La Comisión Dictaminadora consideró aplicar sanciones a quienes incumplan o infrinjan algunas de las prohibiciones establecidas, por lo que, quien distribuya, venda, regale o suministre bebidas azucaradas o alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad se le aplicará desde una amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total y hasta el arresto por 36 horas, de conformidad a lo establecido en la ley de procedimiento y justicia administrativa para el estado de Oaxaca.
Golpe para los pequeños comercios
En el marco de la sesión ordinaria donde los diputados locales aprobaron prohibir la venta de productos chatarra a los menores de edad, en inmediaciones del recinto legislativo arribó un grupo de pequeños comerciantes de la región de la Mixteca.
Con pancartas en mano con la leyenda de “diputados ustedes nos representan, no nos traicionen”, los manifestantes exhortaron a los diputados a frenar esta nueva norma. “Afecta directamente a los pequeños comerciantes en las diferentes regiones de Oaxaca donde la crisis económica nos agobia”, señaló Miguel Ángel Betanzos Cruz, comerciante del municipio de Tlaxiaco.
“Que recapaciten ,porque las cosas no son fáciles, que no solo voten para prohibir por prohibir, que busquen nuevas propuestas que no impacte en la economía local, primero deben socializar la propuesta”.
Según datos de la Coparmex delegación Oaxaca, la medida podría impactar directamente a alrededor de 58 mil comercios, en particular a misceláneas, abarrotes, loncherías, fondas, taquerías, entre otros. Lo anterior derivado de que alrededor del 60% de los ingresos de dichos negocios dependen de la venta de alimentos y bebidas.
En un comunicado, la Coparmex mostró su preocupación por la desatención que mostró el congreso local, respecto a las solicitudes de audiencia del sector privado.
