La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen a la minuta que establece la obligación de los impartidores de justicia federales y locales, de poner a disposición del público el texto íntegro de todas las sentencias emitidas, a efecto de cumplir con el principio de máxima publicidad de las resoluciones.
El documento avalado por 351 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y que reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
En él se argumenta que en la actualidad no se prevé figura jurídica que imponga dicha obligación a los impartidores de justicia de los poderes judiciales federal y de las entidades federativas, quienes contarán con 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, para iniciar la difusión de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas.
Refiere que la transparencia de todas las sentencias es un medio fundamental para combatir la corrupción en el Poder Judicial y exigir la rendición de cuentas sobre el desempeño de las funciones de jueces y magistrados, pues quien firma una sentencia debe saber que será objeto de escrutinio público.
Además, permitirá que los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía observen, monitoreen y controlen la actividad judicial, y así poner al descubierto la corrupción judicial. También, evaluar el correcto funcionamiento, permanencia y adecuado ascenso en la carrera judicial de las personas impartidoras de justicia, y frenar así la corrupción, el amiguismo y el partidismo.
Si las sentencias no se hacen públicas, no se conocerán las prácticas discriminatorias y estereotipadas de algunos jueces, que afectan sobre todo a las mujeres. Tampoco se podrá monitorear la labor de jueces y juezas si están en la opacidad sus sentencias, ni se podrá evaluar la impartición de justicia ni la pertinencia de la carrera de jueces y juezas, se resalta en el texto.
Transparentar las sentencias, es un acto democrático
Al fundamentar el dictamen, la secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputada Luz Estefanía Rosas Martínez (Morena), expresó que la finalidad es hacer públicas las sentencias del Poder Judicial federal y de las entidades federativas, retomando el principio de la Ley de Transparencia para informar a las y los mexicanos de la actividad gubernamental.
Indicó que de acuerdo con una investigación de la organización “X Justicia para las mujeres”, ninguno de los 32 poderes judiciales locales del país cumplía con su obligación de hacer públicas las resoluciones. “Transparentar las sentencias que se van generando día a día, es un acto democrático”.
“Con esta reforma se dejarán a la vista las razones por las cuales un juez o un magistrado determinaron y fundaron para tomar una decisión. Sin bien el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal han hecho un importante esfuerzo para transparentar las sentencias, esto no ocurre en los poderes judiciales locales”.
La minuta, afirmó, “nos acerca a una justicia abierta y a la posibilidad de transparentar al pilar de justicia del país; la modificación nace de la necesidad de mejorar la rendición de cuentas del Poder Judicial, así como crear parámetros de evaluación ante acciones de evidente injusticia”.
Posicionamientos de los grupos parlamentarios
El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca (Morena) se manifestó a favor porque es un importante avance en el combate a la corrupción, con el establecimiento expreso de la publicidad que permite la oportuna rendición de cuentas y colocar en la vitrina pública a los poderes judiciales para generar indicadores, evaluaciones y análisis que determinan su desempeño y emprender acciones para mejorar, corregir o eliminar prácticas que lastiman a la ciudadanía e impiden la cabal impartición de la justicia.
Gloria Romero León, diputada del PAN, dijo estar a favor de la reforma porque permitirá la evaluación de los impartidores de justicia; detectar sentencias discriminatorias o que no cumplan con la perspectiva de género; contribuirá a revelar actos de corrupción y generar indicadores y análisis. Además, es congruente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contemplados en la agenda 2030 de la ONU.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) destacó que esta modificación facilitará el acceso a las tareas del Poder Judicial y simplificará la búsqueda y comprensión de las sentencias por parte de la ciudadanía, haciendo así un Poder Judicial más cercano a la gente. “Es un derecho de las y los mexicanos contar con más información sobre el quehacer diario de los poderes de la Unión y dar seguimiento a su actuar”.
Del PT, el diputado José Luis Montalvo Luna puntualizó que se da certeza en la resolución del poder judicial; se garantiza el derecho a la información pública y se posibilita el cumplimiento del principio de máxima publicidad. Indicó que con mayor transparencia se contribuye a erradicar el cáncer de la corrupción “que aún permea en el Poder Judicial” y que en un régimen como el que se busca “no hay cabida para el nepotismo, la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas”.
La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) destacó que el dictamen impulsa la participación ciudadana, busca el bienestar de las y los mexicanos y avanza para que la población cuente con mayores y mejores elementos, con el fin de evaluar el quehacer de los servidores públicos, en este caso, el Poder Judicial. “Esperamos que las sentencias alcancen una mayor apertura y transparencia, pues éstas tienen un impacto directo sobre la vida de la ciudadanía”.
Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, diputada de Encuentro Social, afirmó que la transparencia es uno de los pilares fundamentales en el combate a la corrupción y hoy se fortalece ese mecanismo en el ámbito del Poder Judicial. “Las resoluciones que se emitan, tanto en el ámbito federal como local, serán conocidas por la ciudadanía, por medio de versiones públicas. Es decir, se permitirá construir ciudadanía y consolidar la gobernabilidad democrática”.
Por el PRD, la diputada Mónica Almeida López expresó que, de acuerdo con los resultados del ranking de (IN)Justicia Abierta, todos los poderes judiciales del país están reprobados en transparencia y en contar con mecanismos para la participación ciudadana. Además, según el informe sobre transparencia en la publicación de sentencias realizado por “X Justicia para las mujeres”, en 2018, diez legislaciones estatales redujeron el estándar en cuanto a la obligación de publicar las sentencias, a partir de la homologación con la Ley General.
