La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al gobierno estatal la liberación del defensor del medio ambiente en la Sierra Norte, Pablo López Alavés al ser injusto su encarcelamiento ocurrida hace 7 años.
Defensores de derechos humanos en el estado pidieron la libertad del indígena, luego de que también el presidente de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, se pronunciara al respecto.
“El juez de la causa está en una oportunidad histórica de hacer justicia”, expresó el ombudsman de Oaxaca al manifestar su exhortación para que el juzgador tome en cuenta la opinión 23/2017 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, adoptada el pasado 25 de abril, y en la cual se considera la privación de la libertad de Pablo López como contraria a diversos ordenamientos del sistema universal de derechos humanos.
“El Grupo de Trabajo de la ONU considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner inmediatamente en libertad al señor López Alavés y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización, además de otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, expone el organismo internacional.
Recordaron que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas resolvió que la privación de la libertad de Pablo López Alavés es arbitraria, por contravenir los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los artículos 14, 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que son vigentes en nuestro país.
Indicaron que, tras ser privado de su libertad el 15 de agosto de 2010 en Ixtlán de Juárez, la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos (ahora Defensoría) integró el expediente CDDH/1191/(06)/OAX/2010, en el que identificó al menos seis irregularidades durante la integración de la averiguación previa, las cuales implicaron violaciones a los derechos humanos del defensor indígena.
Dicho proceso implicó el inicio de una investigación contra el agente del ministerio público que llevaba el caso, pero de manera extraña, contraria a derecho, ello no derivó en la nulidad de sus actuaciones, aun cuando fueron documentadas y comprobadas las irregularidades.
El análisis expuesto en dicha recomendación explica que las irregularidades en la integración de la averiguación previa viciaron el procedimiento y causaron incertidumbre jurídica respecto de la verdad histórica de los hechos, pues probablemente se hayan simulado actos que en realidad no ocurrieron y, en consecuencia, se hubiesen manipulado las circunstancias y hechos objeto de la investigación.
