El caso de San Mateo del Mar no es un conflicto interno entre comunidades ni entre agencias, es un ataque de un grupo armado, de un agente externo, empresario con intereses económicos y políticos que cooptan a ciudadanos de la comunidad, denunciaron representantes de agencias municipales.
Acusaron al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa, de mantener un ambiente de inquietud e incertidumbre a través de un grupo armado bajo el mando del extitular de la Unidad de Atención a Estudiantes Indígenas de la UABJO, Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez.
Sostuvieron que tiene intereses de controlar el territorio por su ubicación estratégica, además de quedarse con 60 millones de pesos del recurso municipal, por esa razón ha financiado campañas electorales para los presidentes municipales en el 2017 y el reciente 2019.
De estos actos, el año pasado y desde el 20 de enero de 2020 fue informado y se solicitó la intervención del Gobierno del Estado por parte de las autoridades de la cabecera municipal y de las agencias y comunidades que conforman el municipio Ikoots de San Mateo del Mar.
Las autoridades con Actas de Asamblea en mano, se presentaron ante la Secretaría General de Gobierno para solicitar la urgente intervención para atender el tema político, peticiones que nunca fueron atendidas por parte de ninguna institución gubernamental.
Indicaron que en asamblea se establecieron acuerdos para suspender eventos sociales y ceremoniales, se acordó la instalación de un filtro sanitario para evitar contagios por Covid-19 a la altura de la agencia de Huazantlán del Río.
El pasado 2 de mayo, algunos ciudadanos entre ellos, el agente de Santa Cruz, no respetaron los acuerdos de la asamblea, y con el respaldo del presidente Bernardino Ponce Hinojosa, generaron un ataque a la comunidad, quemaron casas de las autoridades y la oficina de la Agencia Municipal.
También atacaron con armas de fuego la oficina de la agencia de la Colonia Juárez, golpearon a los policías y autoridades tradicionales del lugar, en la Colonia Costa Rica quemaron dos casas más, una fue la casa del agente suplente.
Se gestionó para que se formara una mesa de atención y se solicitó la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Defensoría de Derechos Humanos que finalmente se llevó a cabo el 26 de mayo del presente año en Ciudad Administrativa.
Sin mayores acuerdos, los órganos de seguridad manifestaron que no tenían la capacidad técnica de cubrir la seguridad en la comunidad de manera permanente, como lo solicitaba el pueblo.
Pidieron se hagan efectivas las Medidas Cautelares que desde el 03 de mayo se solicitaron y que a la fecha, aún con los hechos de violencia, siguen en la misma situación.
