El 10 de abril del 2019, el Congreso del Estado aprobó diversas reformas y adiciones a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que prohíben la venta, distribución o uso de botellas desechables de plástico, así como de envases y embalajes desechables de unicel, con el fin de prevenir la contaminación ambiental que generan esos materiales.
Dicha prohibición entraría en vigor el pasado 22 de diciembre para las grandes y medianas empresas que comercialicen directamente al consumidor final, así como las empresas de cualquier tamaño que distribuyan antes de su venta productos con envases desechables de PET o de unicel.
Sin embargo, distintas cámaras de comercio y agrupaciones de industriales se acercaron a los legisladores para solicitar una prórroga por considerar insuficiente el periodo de gracia de seis meses previsto en el decreto original.
Por lo cual, el 8 de enero del presente año, se aprobó una ampliación de seis meses al plazo inicial para que las grandes y medianas empresas pudieran terminar con el total de producto que mantenían en inventario, es decir vencería en el mes de julio.
“Hasta el día de hoy el Gobierno del Estado no ha publicado el decreto de referencia, por lo que formalmente no ha comenzado a correr el plazo de la ampliación, por lo tanto, está vigente el decreto anterior en donde se establece que el plazo para las grandes y medianas empresas feneció el 22 de diciembre”, alertó la diputada local por Morena, Magaly López.
Denunció que la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso) que encabeza el priista Samuel Gurrión Matías, no ha realizado ninguna clausura, ni impuesto alguna multa.
“Mucho menos acción alguna frente a la violación a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que prohíbe la venta de bebidas en envases desechables de PET, así como los productos en envase o embalaje de unicel en Oaxaca”.
La diputada exigió a través de un punto de acuerdo a Gurrión Matías informar sobre las acciones que haya realizado frente a la violación a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, del 22 de diciembre de 2019 a la fecha.
Al Gobierno del Estado urgió dejar sin efecto la notificación por la cual se le ordena la publicación del decreto 1188, del 8 de enero de 2020, con el que se otorgaría la prórroga de seis meses a las empresas.
