La diputada Laura Rojas, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentó el pasado viernes 19 de junio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación demanda de controversia constitucional reclamando la invalidez del acuerdo de 11 de mayo de 2020 por el que el Ejecutivo Federal dispone de las fuerzas armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública.
En un comunicado de prensa, la diputada señaló que presentó la demanda con fundamento en el artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el cual, en conjunto con los artículos 11 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional y 23 de la Ley Orgánica del Congreso Federal, dispone que el Presidente de la Cámara es quien ostenta su representación legal y por tanto quien puede presentar una controversia constitucional en su nombre.
Asimismo, expresó que el propósito de la controversia no es cuestionar la facultad del Presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas o que estas se retiren de las tareas de seguridad, sino que su despliegue se lleve a cabo conforme a los criterios constitucionales, pues el acuerdo contradice a la Constitución respecto de la complementariedad y la subordinación de las fuerzas armadas a las autoridades civiles. Además, mencionó que se busca generar un marco jurídico que dé certidumbre a las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.
Mientras los partidos del “Bloque de Contención”, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano respaldaron la decisión de la diputada federal panista, Morena solicitó que se retractara y “retirara” la demanda.
El 26 de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reforma a la Constitución en materia de Guardia Nacional, la cual es por mandato constitucional un cuerpo civil. Posteriormente, el 27 de mayo de 2019 se promulgó la Ley de la Guardia Nacional. El acuerdo impugnado dispone que las fuerzas armadas participen en ciertas tareas de seguridad encomendadas al cuerpo civil.
La figura de la controversia constitucional se encuentra contemplada en el artículo 105 de la Constitución Federal y es un medio de control constitucional mediante el cual un órgano originario del Estado reclama la invasión de sus competencias por parte de otro órgano o poder y por lo tanto solicita a la Suprema Corte declare la invalidez de la norma o acto en cuestión. En el presente caso, la Cámara de Diputados reclama del Poder Ejecutivo Federal la emisión del acuerdo de 11 de mayo de 2020.
La controversia presentada por la Cámara de Diputados federal se une a las presentadas en días anteriores por el municipio de Colima y por el estado de Michoacán, por lo que al día de hoy el acuerdo se encuentra impugnado ya por los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal.
