En 2019, México recibió 36 mil 45 millones de dólares por concepto de remesas, lo que representa un incremento del 7.03% respecto al año previo y un máximo histórico desde que se tiene registro. Debido al comportamiento ascendente que han tenido las remesas en los últimos años, se han colocado como una de las principales fuentes de divisas del país, por encima de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) y las exportaciones petroleras, según Banxico.
Esta fuente de ingresos es importante para muchas familias del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2015, de la población receptora de remesas, 59.3% las emplea para gastos de comida, personales o pagos de servicios, 25.4% para atender una enfermedad, emergencia o imprevisto, y 7.1% para la educación de los hijos.
Para las entidades de tradición migratoria, las remesas representan una parte considerable de sus economías. En 2018, según el Anuario de Migración y Remesas 2019, los estados con mayor dependencia de remesas respecto a su PIB fueron: Michoacán (11.4%), Oaxaca (10.1%), Zacatecas (10.0%) y Guerrero (9.9%).
Debido a la contribución que tienen los migrantes en su lugar de origen, en el discurso oficial siempre se reconoce y agradece su aporte, incluso les han querido traspasar obligaciones que le corresponden al mismo gobierno. Como presidente, Vicente Fox llegó a mencionar que las remesas estaban llamadas a convertirse en una palanca de desarrollo para las zonas indígenas y rurales. ¿Acaso no es el gobierno el encargado de combatir las condiciones precarias que prevalecen en esas zonas?
Ante la crisis sanitaria y económica que nos encontramos viviendo por el COVID-19, en el mes de marzo el país recibió 4 mil millones de dólares en remesas, cifra que representa un máximo histórico. Como lo hicieron otros presidentes del país, López Obrador llamó a los migrantes “héroes vivientes”.
Más allá de los reconocimientos y agradecimientos del gobierno hacia los migrantes, es necesario que se creen espacios para su participación política, por ejemplo, que exista la figura del diputado migrante, tanto en las entidades de tradición migratoria como a nivel federal. Con esto, se reconoce su derecho de votar y ser votados, además, su participación nos permitirá conocer de mejor manera las dificultades y necesidades de los mexicanos en Estados Unidos, así como las condiciones que los obligaron a dejar su lugar de origen.
En 2019 hubo 2 diputados migrantes en Zacatecas y 1 en Jalisco, según el Instituto Nacional Electoral (INE). En el mismo año, el Congreso de la Ciudad de México derogó la figura del diputado migrante, el cual iba ser elegido por primera vez en el proceso electoral del 2021. La decisión fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual recientemente ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reactivar la figura del diputado migrante. Sin embargo, César Garrido Carranza, representante de Morena ante el IECM, presentó una impugnación ante la resolución del TEPJF.
La posición de Morena-Ciudad de México respecto al diputado migrante, contrasta con el discurso del presidente López Obrador. De acuerdo a Fuerza Migrante, colectivo que reúne a más de 150 organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, la impugnación de Morena representa un retroceso en la deuda existente con los connacionales que se encuentran en Estados Unidos, quienes contribuyen económicamente y culturalmente al país.
En contraste a lo que ocurre en la Ciudad de México, el pasado 18 de mayo, la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Oaxaca envió una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 24 y 33, y adicionar una fracción al artículo 34 de la Constitución Política del estado. Con esta iniciativa, los ciudadanos oaxaqueños residentes en el extranjero tendrán derecho a votar y ser votados como diputados; habrá un diputado por el principio de representación proporcional que tendrá el carácter de migrante o binacional.
En 2018, de acuerdo con el Instituto de Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), había 2 millones de oaxaqueños radicando en Estados Unidos, esto representa a la mitad de la población que hay en la entidad.
No debe estar en consideración el establecimiento de la figura del diputado migrante, no se trata de una dadiva, sino de una acción que compensa la exclusión política que se ha tenido con quienes contribuyen al bienestar de muchas familias del país. Si al partido que mantiene el poder político en el gobierno federal, como en la Ciudad de México y Oaxaca, realmente le interesa reconocer el aporte económico de los migrantes, que haga realidad la figura del diputado migrante.
Twitter @CristianSH1
