Constantemente, la sociedad exige que el gobierno garantice derechos fundamentales como los servicios de salud, educación, seguridad, entre otros. En la coyuntura actual, los reclamos crecen ante la falta de apoyos económicos para la población que no es beneficiaria de los programas de bienestar, así como por el temor a enfermarnos y no poder recibir atención médica.
Sin duda, es legítimo pedir que el gobierno cumpla con lo establecido en la Constitución, no obstante, para que esto sea posible, necesita disponer de recursos económicos suficientes. Ahora bien, ¿cómo obtiene recursos el gobierno mexicano?
Las fuentes de ingresos del gobierno federal son los ingresos tributarios (ISR, IVA e IEPS), ingresos petroleros, ingresos vía las Empresas Productivas del Estado (EPES), deuda, e ingresos no tributarios y no petroleros. ¿Cómo participa cada una de estas fuentes en los ingresos totales?
De acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación 2020, se contemplaron ingresos estimados por $6,107,732.4 millones de pesos; de los cuales, 57.4% corresponden a ingresos tributarios, 16.2% petroleros, 14.2% EPES, 9.6% deuda, y 2.7% ingresos no tributarios y no petroleros. Como muestran los datos, la recaudación tributaria representa más de la mitad de los ingresos del gobierno federal. A pesar de esto, en comparación con otros países de la región, México tiene una recaudación menor, como porcentaje del PIB.
El pasado 7 de mayo fue publicado el documento Estadísticas Tributarias en América Latina, elaborado conjuntamente por la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (CEPAL), el Centro Interamericano de Administración Tributaria (CIAT) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con el texto, la recaudación tributaria promedio de la OCDE fue de 34.4% del PIB en 2018, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe (ALC) representó 23.1%. De los 26 países estudiados, Cuba fue el único país que tuvo una recaudación superior al promedio de la OCDE, al registrar una recaudación de 42.3% del PIB. La recaudación tributaria de México fue de apenas de 16.1%, lejos del promedio de la OCDE y de ALC, colocándose solo por arriba de Guatemala, República Dominicana, Paraguay y Panamá.
Al considerar la recaudación del IVA, como porcentaje del PIB, México es el segundo país con menor recaudación con 3.9%, solo por encima de Panamá (2.3%). La baja recaudación en este impuesto se debe a las exenciones, la aplicación de una tasa cero a diversos bienes y servicios, una tasa del 11% en zonas fronterizas y un bajo nivel de cumplimiento. Sin embargo, se espera que la recaudación aumente con la entrada en vigor del cobro de servicios digitales extranjeros el próximo mes de junio.
Aunque ha generado cierta inconformidad el cobro del IVA a servicios digitales, no hay razones para no hacerlo; se aplica el impuesto a un servicio que no existía cuando se publicó la Ley del Impuesto al Valor Agregado en 1978. Por tal razón, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, insiste en que no se han creado nuevos impuestos.
La limitada recaudación tributaria que ha mantenido la región durante años explica la restricción de los gobiernos para gastar en servicios públicos, como son los de la salud, y medidas de protección frente a la pandemia de Covid-19. Bajo estas circunstancias, la OCDE enfatiza que es necesario que las economías de América Latina fortalezcan sus sistemas tributarios para impulsar el desarrollo económico.
Las condiciones económicas y sociales en nuestro país eran difíciles antes de la pandemia, sin embargo, sus efectos podrían agravar la situación de millones de mexicanos. Con base en la simulación de dos posibles escenarios, Coneval estima que el total de personas en situación de pobreza por ingresos se incremente entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales (entre 8.9 y 9.8 millones de personas), resultando más afectada la población que se encuentra en pobreza urbana. También prevé que el número total de personas en situación de pobreza extrema aumente entre 4.9 y 8.5 puntos porcentuales (entre 6.1 y 10.7 millones de personas).
Para impulsar la recuperación económica del país se necesita un gobierno que recaude más. Aunque desde hace años ha habido voces que promueven una reforma fiscal progresiva, que se pague más conforme se gana/tiene más, hoy adquiere relevancia que el presidente de MORENA, Alfonso Ramírez Cuellar, intente colocar en la discusión pública la progresividad fiscal, medir la concentración de riqueza, constituir un Consejo Fiscal, entre otros temas.
Malintencionadamente, los medios de comunicación no han recuperado este conjunto de propuestas, solo se encargaron de generar caos respecto a la medición de la riqueza, insinuando que INEGI ingresará físicamente a las propiedades. Como ha explicado Ramírez Cuellar, realmente se propone que INEGI sea el encargado de establecer la metodología para conocer la concentración de riqueza y medir la desigualdad.
De cara a los retos en el corto plazo, así como del compromiso de generar bienestar para la población, el gobierno debe tener un papel activo en la economía, por lo tanto, no puede mantener las restricciones en sus ingresos, tampoco puede seguir reduciendo su gasto, ya que podría comprometer su propio funcionamiento. Es momento de empezar a dialogar sobre una reforma fiscal.
