Aumentar 1.6% del Producto Interno Bruto “no suena fácil”, sin embargo ha sido la cifra emblemática con la que los gobiernos federal y estatal justifican el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, un proyecto estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador que hoy, en medio de la pandemia del coronavirus, ha sido cuestionado sobre el verdadero impacto económico que puede generar para el país. Son muchas las preguntas que se presentan frente a esta obra de infraestructura: ¿resulta oportuna su construcción en un año en el que la caída de la economía será de entre 6.5 y 9%? ¿Creará el suficiente bienestar para lograr que el Istmo deje el atraso y la pobreza en la que, de acuerdo con la Cuarta Transformación, esta región ha permanecido desde hace décadas?
El Corredor Interoceánico como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas quedaron enlistados en un decreto de austeridad firmado por el presidente López Obrador para blindarlos contra reducciones presupuestales consecuencia de la crisis económica. Este año, sin embargo, estas obras aún carecen de una proyección confiable sobre las cifras de crecimiento y empleo que pueden genera.
Respecto al caso particular del Corredor Interoceánico, sobre la oferta de hacer crecer al país 1.6% en su Producto Interno Bruto en 30 años, el economista investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE), Javier Aparicio, enfatiza que, al igual que con los otros proyectos, carece de información precisa que permita saber cómo es que se generarán las inversiones, el volumen del comercio y los empleos que sean el sustento de las estimaciones.
“Los proyectos prioritarios del gobierno federal deberían estar justificados, deberían conocerse los planes estratégicos, transparentar el impacto, la evaluación costo beneficio de cada proyecto, porque si no, nos quedamos en la parte retórica, cómo vamos a construir estas obras”, señala Aparicio.
Asimismo, agrega que dado que el gobierno tiene recursos limitados, “debiera invertir en los proyectos más rentables y no solo de las preferencias del presidente, lo tiene que justificar, porque si es un mal negocio, si dentro de cinco años descubrimos que la refinería o el aeropuerto no son rentables, se le causa un daño al erario; tomaste dinero escaso en años de recesión para un proyecto que no va a producir rendimientos.”
“El presidente está invirtiendo en proyectos de alto riesgo, que no sabemos si van a ser viables, que no sabemos si van a ser rentables, si hay una responsabilidad política en invertir recursos escasos en proyectos de incierta rentabilidad.”
Obras no esenciales
El frente contra estas obras es encabezado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que ha sugerido que el gasto federal sea reorientado como una de sus principales propuestas para reactivar la economía por la crisis que generará el coronavirus.
Además, piden que el gobierno federal firme el convenio para un salario solidario, que implica que con la finalidad de evitar reducciones en los sueldos de los empleados la administración federal pague un porcentaje de ellos. Para quien gana un salario mínimo mensual, equivalente a 3 mil 748 pesos, la propuesta indica que el gobierno pagaría 50% y el patrón 50%. Para salarios más altos, la aportación oficial sería menor a la privada y los sueldos disminuirían.
Para cumplir con esta propuesta, la Coparmex ha planteado un requerimiento presupuestal mensual de 96,¿ mil 840 millones de pesos, para obtenerlos –además de solicitar créditos al Fondo Monetario Internacional- propone la reasignación de recursos de las obras insignia del gobierno federal.
El aeropuerto de Santa Lucía tiene un presupuesto estimado total de 95 mil millones de pesos, que “es casi un mes de toda la aportación para el salario solidario”, señala la propuesta de la iniciativa privada.
Pemex tiene un presupuesto para 2020 de 523 mil 425 millones de pesos y “con la mitad de ese presupuesto se podría implementar el salario solidario por tres meses”, resalta la Coparmex.
Asimismo, señala con el presupuesto del Tren Maya y la refinería Dos Bocas sería suficiente para completar cerca del 90% de un mes de las aportaciones del gobierno al salario solidario.
El Corredor Interoceánico aportaría apenas una parte mínima al programa de la iniciativa privada, pues para 2020 tiene presupuestados 3 mil 487 millones de pesos, no obstante el presupuesto inicial estimado es de 40 mil millones de pesos.
“Coparmex considera que existen proyectos que deberían parar de manera temporal y cuyos recursos deben redireccionarse”, ha señalado el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, quien además ha criticado la postura del presidente López Obrador, pues “para el titular del Poder Ejecutivo Federal, primero son sus obras faraónicas, y solo después todo lo demás. Tampoco quiso dialogar oportunamente con los representantes de los sectores productivos del país que le presentamos un amplio y fundado paquete de propuestas, para enfrentar juntos la emergencia sanitaria y sus secuelas económicas”.
Para Aparicio, doctor en economía por la Universidad George Mason, aunque la continuidad de las obras y la propuesta de Coparmex no son excluyentes, de ambos proyectos se requiere una evaluación particular, caso por caso, “en toda recesión va a haber industrias que van a desaparecer, efecto del cambio tecnológico, no tendría caso subsidiar la supervivencia de industrias en declive, pero las que quisieran apoyar quizá serían las nuevas industrias, energía renovable, energías verdes, que tienen gran potencial, a lo mejor es más rentable invertir ahí. El gobierno podría focalizar apoyos fiscales para esas industrias”.
El proyecto, 2050
El proyecto del Corredor Interoceánico consta de siete etapas, la primera es la modernización de la antigua ruta ferroviaria que comunica actualmente las ciudades de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca.
Al final de esta primera etapa del proyecto el tren de carga tendrá una capacidad para transportar 300 mil toneladas al día.
Adicionalmente el proyecto incluye la instalación de red de fibra óptica; modernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz; rehabilitación de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán; instalación de parques industriales en el corredor del Istmo; atracción de empresas industriales y de servicios y creación de una zona franca.
Originalmente este proyecto abarcaba 78 municipios de Oaxaca y Veracruz, no obstante la versión más actualizada del proyecto, expuesta en un documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados federal, hay una ampliación a 99 municipios para abarcar dos estados más: Chiapas y Tabasco.
Como parte del trazado, se pretende conectar la línea del tren con la ruta del Tren Maya que va a Mérida y Valladolid, Yucatán.
Considerando únicamente el territorio de Oaxaca y Veracruz, la extensión del proyecto abarca 4.7 millones de hectáreas habitadas por 2.3 millones de personas, de las cuales 500 mil se autoadscriben como indígenas.
Como parte esencial del proyecto, se pretende construir seis Polígonos de Bienestar, tres en Oaxaca y tres en Veracruz, que son parques industriales en zonas donde los inversionistas contarán con estímulos fiscales, como la reducción del IVA al 8% y del ISR al 20%. Adicionalmente, el Gobierno de la República reforzará el mejoramiento de los servicios públicos.
El pasado 1 de mayo, Rafael Marín Mollinedo, director general del proyecto del Corredor Interoceánico, instaló el Comité Regional de Atención Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que tiene como prioridad atender las demandas sociales y, en consecuencia, evitar protestas sociales que pudieran obstaculizar las obras.
Días después, el 4 de mayo en una entrevista con el diario La Jornada, el gobernador Alejandro Murat lanzó las cifras de proyección de crecimiento económico que considera se generarán con esta obra. El rango de generación de ganancias que ofreció es, sin embargo, demasiado amplio. Va de los 100 a los 188 billones de dólares para 2050, obteniendo 30% de la demanda que circula por el Canal de Panamá. También para ese año se habrían generado 550 mil empleos directos e indirectos, con un valor agregado per cápita de alrededor de 267 mil pesos anuales que se incremente a 633,780 pesos anuales.
La ruta para este crecimiento no la explicó, limitándose a señalar que en septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el proyecto ejecutivo, con las cifras definitivas de un plan que tiene “alcance global”.
