Un informe presentado por organizaciones civiles denominado La problemática del derecho humano al agua entre las comunidades mixes de Ayutla y Tamazulápam, Oaxaca, resaltó la falta de solución a este conflicto que vulnera los derechos humanos de los habitantes de Ayutla Mixes.
“En este sentido se recomienda dar prioridad a la reconexión del sistema de agua potable de Ayutla y evitar seguir vulnerando los derechos humanos. Esto significaría no seguir en una dinámica de búsqueda de pretextos administrativos, legales o políticos para evitar garantizar el acceso al agua de quienes habitan en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla”, indica el informe.
Los organismos civiles señalan que las instituciones que deberán actuar son la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua, así como el Juzgado Tercero de Distrito que conoce de los amparos promovidos por ambas comunidades, pues la prolongación en su resolución genera violaciones a otros derechos humanos, como documenta el informe, elaborado por asociaciones como CODIGODH y EDUCA.
A la fecha, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno ha sido la instancia encargada de generar un proceso de negociación para resolver lo que ha considerado un “Conflicto entre comunidades”, sin embargo, no existen resultados que permitan garantizar el ejercicio del derecho al agua por parte de la comunidad de Ayutla. La intervención de la Segego se ha centrado en una supuesta “mediación”, cuando lo que está siendo vulnerado es un derecho humano y que, por tanto, no es negociable, señala el informe.
Frente a esta situación, es fundamental establecer una coordinación interinstitucional desde el gobierno federal que genere una atención real al conflicto. Se debe tomar en cuenta que el uso y aprovechamiento del agua está reglamentado desde el ámbito federal y es obligación de todas las autoridades garantizar su disfrute y ejercicio, por lo que se recomienda asumir con plenitud de responsabilidad la necesaria participación de instancias como Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Gobernación.
