Yésica Sánchez Maya, integrante de la organización civil Consorcio, que se encarga de acompañar y orientar a las mujeres que han sido violentadas, dijo que a pesar del cambio de denominación de la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas, antes Instituto, no recibe los fondos necesarios y los que recibe no los transparenta.
“La Secretaría de la Mujer tiene presupuesto asignado, el problema que tenemos es que se creó un elefante blanco al dar un salto a Secretaría de la Mujer, ya que el presupuesto no corresponde a ninguna de las otras secretarías”, dijo la activista.
También criticó a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), a la Secretaría de Asuntos Indígenas y al Congreso del Estado de no transparentar los recursos en la prevención, acción y combate en la violencia en contra de las mujeres.
“La primera titular de la Secretaría de la Mujer tuvo que regresar dinero a la federación que no ejerció, mientras que Ana Vásquez, actual titular, está cuestionada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de no ejercer el recurso”, afirmó.
En el sector salud tampoco está claro el porcentaje que se utiliza para atender a las mujeres violentadas, dijo, señalando también al Gobierno del Estado que no muestra claridad de cuánto de su presupuesto global está destinando al tema de derechos humanos de las mujeres y en el tema de atención a la violencia.
“Hay información que se puede transparentar por parte de la Conavim de cuántos recursos se asignó a varios estados de la República que tienen alerta de género y es lo que tenemos claridad”, detalló Sánchez Maya.
Señaló también a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, institución que, según la activista, tendría que informar sobre los programas y cuánto se está asignando, lo mismo que la Secretaría de Asuntos Indígenas. El Congreso tiene un reto mayúsculo para etiquetar el presupuesto, porque si no se pierden, señaló.
Resaltó que “hay que evaluar los millones de pesos que está recibiendo la Fiscalía General del Estado y qué porcentaje está destinando para la investigación en atención a víctimas, porque no está claro”.
Se observan recursos destinados a infraestructura, pero no se ve la calidad, aseguró Sánchez Maya; “no hay recursos, al menos visibles, para la atención o que haya contratación de Ministerios Públicos”, añadió.
“Porque vas a poner una denuncia y se tardan dos horas. Es correcto que tengan instalaciones, pero no es lo único.
Las mujeres llegan para poner una denuncia frente a riesgos y les dicen que, si no tienen amenaza de muerte o no van golpeadas, no dictan órdenes de protección”, aseguró la activista.
