La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construyó la barda perimetral del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) mediante un contrato que le permitió encarecer la obra 89 por ciento y el uso de al menos dos empresas fantasma.
En la página de transparencia del aeropuerto se anota que el proyecto de barda perimetral tenía un costo original de mil 547 millones de pesos, pero tras cuatro convenios modificatorios el muro se encareció hasta llegar a 2 mil 930 millones de pesos, lo que significa un encarecimiento de 89 por ciento.
La bitácora de obra obtenida por Aristegui Noticias detalla que los trabajos iniciaron sin tener un proyecto ejecutivo, que se cambiaron tramos de la barda mientras se desarrollaban los trabajos y conforme las necesidades de última hora de empresas proyectistas o de otras dependencias públicas como Conagua.
Según el cuarto convenio de colaboración, la obra debió terminar en mayo de 2017, lo que significa un atraso de 531 días naturales, pues debieron finalizar en diciembre de 2015.
En su más reciente reporte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que Sedena no comprobó el gasto de 389 millones 670 mil pesos, aunque únicamente revisó el ejercicio de mil 611 millones 585 mil 800 pesos.
Las dependencias responsables no han transparentado los contratos y facturas utilizados para materializar el proyecto, amparándose en resoluciones del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública), incluyendo el voto de Ximena Puente, quien esta semana renunció a su puesto para representar al partido en el poder en la Cámara de Diputados.
EMPRESAS HERMANAS FANTASMA
Mediante una solicitud de transparencia, el Ejército mexicano entregó una relación de 111 contratistas, que en conjunto vendieron insumos para la barda por mil 355 millones 938 mil 780 pesos.
Dentro del listado de empresas destacan dos nombres: Constructora Camino Real del Valle y Constructora los 4 Príncipes.
Las compañías nacieron con tres minutos de diferencia: el 11 de marzo de 2014, el notario público 128 de Puebla, Jaime Juárez Hernández, acudió a la Secretaría de Economía a reservar los nombres. Un trámite lo hizo a las 14:21 horas y el otro a las 14:24 horas, según documentos oficiales.
El 2 de octubre de 2014, el mismo notario registró las compañías en el estado de Puebla y como socios puso a una pareja de jóvenes con residencia en Oaxaca: “Carlos Alexis” y “Dinoraht Miccel”, de 20 y 21 años de edad.
El joven negó a este medio tener cualquier tipo de empresa y le sorprendió que sus datos personales figuren en una compañía de Puebla, pues sostuvo que nunca ha visitado esa entidad.
Se negó a dar una entrevista formal por temor a represalias a su familia. Por este motivo los apellidos no se incluyen en el reportaje.
La joven aparece en el padrón de beneficiario del Programa de Empleo Temporal, diseñado para beneficiar a “hombres y mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos y de la población afectada por emergencias”, según la Secretaría de Desarrollo Social.
Durante 2015, al ser reconocida dentro de esta población vulnerable, participó en actividades como cambiar techos de viviendas y rehabilitar escuelas en zonas rurales, por lo que recibió un pago de mil 320 pesos, según el padrón oficial.
Aunque los jóvenes no estaban enterados, “sus” compañías (Constructora Camino Real del Valle y Constructora los 4 Príncipes) vendieron 10 millones de pesos en materiales a una de las principales obras de este sexenio, según un documento entregado vía transparencia a este medio.
Sin embargo, es imposible saber qué vendieron y a qué precio.
SIN CONTRATOS, SIN OFICINAS, SIN RASTRO
Entre 2016 y 2018, Aristegui Noticias solicitó vía transparencia los contratos y facturas relacionados con esta obra. El Ejército y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México afirmaron que no están en sus archivos.
Este medio se inconformó con las respuestas y tramitó recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Ambas dependencias reportaron que buscaron los papeles y no los encontraron.
En resoluciones continuas, cinco comisionados del INAI consideraron que el Ejército y GACM cumplieron sus obligaciones transparencia al informar que los contratos y facturas no existían, incluyendo a Ximena Puente de la Mora, quien dejó el cargo hace unos días para representar al PRI en el Congreso de la Unión mediante una diputación plurinominal.
Con los votos de Javier Acuña, Oscar Guerra Ford, Monterrey Chepov, Joel Salas y la propia Ximena Puente, el organismo autónomo colocó un sello oficial a la opacidad de la obra. Solo las comisionadas María Patricia Kurczyn y Areli Cano votaron a favor de exigir una búsqueda exhaustiva.
Constructora Camino Real del Valle y Constructora los 4 Príncipes no tienen otros contratos con dependencias federales o estatales.
Sin embargo, las dos compañías aparecen en un directorio de proveedores del estado de Baja California Sur, con oficinas en Rosarito y número de teléfono.
Aristegui Noticias llamó a los teléfonos durante un año (entre 2017 y 2018), sin obtener respuesta.
También se incluye una dirección (Playa Coromuel esquina Buena Vista, colonia Rosarito, San José del Cabo), lugar donde se ubica una plaza comercial y donde no figuran ningún rastro de Camino Real del Valle y los 4 Príncipes.
Un vecino de la zona confirmó a este medio que en la plaza hay un despacho de arquitectura, pero no corresponde a ninguno de las compañías involucradas en esta investigación.
SEDENA Y LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA
El Ejército mexicano y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) firmaron un convenio de colaboración el 18 de febrero de 2015 para realizar la obra mediante el esquema de “administración directa”, que los obligaba a realizar la obra sin ayuda de empresas contratistas.
La Ley de Obras Públicas establece que “en la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten”.
En la lista de contratistas obtenida por este medio destaca la participación de empresas proyectistas y constructoras, que en los hechos se encargaron de todo el proyecto.
Mediante una solicitud de información el Ejército informó que únicamente destinó tres trabajadores al proyecto:
Según la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Sedena fue el proveedor que más cobró del fideicomiso 80726 en 2016, creado especialmente para pagar obras del NAICM, rebasando a las empresas contratistas que diseñaron el proyecto y las constructoras encargadas de las pistas.
Los más altos responsables del proyecto son dos integrantes de la administración de Enrique Peña Nieto: Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Salvador Cienfuegos, titular de la Defensa Nacional.
No es la primera vez que el Ejército mexicano entra a desarrollar obra pública: Sedena fue comisionada a arreglar los desperfectos que dejó la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú (amigo del Presidente y dueño de La Casa Blanca) en la construcción del Hangar Presidencial.
La relación entre Sedena y el nuevo aeropuerto seguirá, pues la dependencia ya ganó otro contrato por mil 346 millones 287 mil pesos, esta vez por la “Limpieza, nivelación e instrumentación geotécnica para la construcción del sistema de precarga de la pista 6 y calles de rodaje del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.
