La Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada Wendy Briceño Zuloaga aprobó su opinión en sentido positivo, sobre iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de interrupción legal del embarazo y salud sexual y reproductiva.
El sentido es asegurar que las instituciones de salud garanticen la existencia de personal que no ponga la objeción de conciencia para realizar los procedimientos de interrupción de legal de embarazo a las mujeres que así lo soliciten.
Dicha opinión que tiene como objeto alimentar y enriquecer el debate en torno al tema, será enviada a la Comisión de Salud quien es la encargada de dictaminar la propuesta.
En este sentido, la diputada Wendy Briceño destacó elementos que dan soporte a esta opinión.
Expresó que se busca la transversalidad, universalidad, progresividad e individualización de los derechos humanos, como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad en todas sus acepciones, la dignidad y la seguridad de los derechos inalienables de las personas en lo general y de las mujeres en lo particular, con el objetivo de que alcancen el pleno ejercicio de éstos.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, apuntó que se considera también que la reforma propuesta a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, contemplan el acceso de las mujeres a una igualdad sustantiva, partiendo de la tesis de que ésta no será viable si no se armonizan los derechos de asistencia, derechos políticos, derechos civiles y derechos sociales, con el pleno ejercicio de los nuevos modelos y categorías jurídicas.
Además, Briceño Zuloaga destacó que es imprescindible asegurar y garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y también la libertad de conciencia, por lo que se propone conciliar ambos derechos asegurando que las instituciones de salud garanticen la existencia de personal que no ponga la objeción de conciencia para realizar los procedimientos de interrupción de legal de embarazo a las mujeres que así lo soliciten.
“Coincidimos en este sentido, en la necesidad de garantizar y asegurar a las mujeres el ejercicio de la totalidad de nuestros derechos, incluidos los sexuales y reproductivos, por ello es importante reconocer jurídicamente la existencia de éstos” refirió Briceño Zuloaga.
En este debate, legisladoras de Morena integrantes de la Comisión de Igualdad de Género argumentaron que se trata de fortalecer un tema de derechos de las mujeres y también de salud pública.
Sandra Paola González, señaló que no se trata de un debate entre la vida y la muerte, sino de una política pública absolutamente necesaria frente a los números que se tienen en México. Dijo que es la obligación que tiene el Estado de garantizar la salud de quien así decida hacerlo.
Por su parte, Beatriz Rojas Martínez externó que se habla del derecho a decidir de las mujeres, en este caso de las mujeres más pobres, “las mujeres abortan cuando lo deciden, de los diferentes estratos sociales, solamente que las mujeres pobres son las que mueren porque no tienen el recurso económico para una atención de calidad”.
En tanto que Miroslava Sánchez Galván, en su intervención apuntó que la interrupción legal del embarazo ha modificado en forma sustancial la salud de las mujeres en la Ciudad de México y en el país, porque incluso también de otros puntos del país acuden a esta ciudad para realizar el procedimiento.
Citó que entre abril del 2007 y el 19 de diciembre de 2018, se habían atendido 205 mil 353 procedimientos para interrupción legal del embarazo.
“La interrupción del embarazo sigue causando una de cada 13 muertes maternas a lo largo de las últimas décadas en este país y ninguna defunción ha sido registrada en la Ciudad de México” subrayó.
Sánchez Galván añadió que el marco de la ley en la Ciudad de México ha garantizado que los servicios se presten por personas calificadas y en buenas condiciones de higiene, por lo que resulta ineludible la necesidad de tomar una actitud de progresividad en la defensa de los derechos fundamentales de las niñas, adolescentes y mujeres.
“La interrupción legal del embarazo es la política pública más exitosa en la Ciudad de México y queremos que sea en todo el país”, expuso.
Por su parte la diputada Elizabeth Díaz García, recalcó que esta medida tiene que ser un derecho que se garantice para quien quiera hacer uso de él, “las mujeres están muriendo y esa es una realidad, porque el aborto clandestino es un negocio y hay que decirlo de manera clara, deja mucho dinero, pero también deja muchas mujeres y niñas muertas”.
En este sentido también intervino la diputada Dorheny García Cayetano quien precisó que el propósito es que las mujeres no tengan que recurrir a abortos en malas condiciones, ya que las más vulnerables son las que están en peligro, “no son las mujeres que lo están viendo desde el privilegio, se ve por las mujeres más pobres” afirmó.
Finalmente, Mildred Concepción Ávila Vera aseguró que es importante fortalecer el derecho a decidir, “buscamos acompañar y respetar el derecho a decidir de las mujeres en la salud sexual y reproductiva, porque no corresponde que el Estado tenga que privarlas de esa decisión”.
Durante la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la comisión, también se aprobó un dictamen sobre disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se promueve la inclusión laboral de las personas con discapacidad, procurando garantizar la accesibilidad en los centros de trabajo y el derecho a solicitar ajustes razonables.
Asimismo, fue aprobado un dictamen para que personas sentenciadas por feminicidios o por violación, no puedan acceder a la libertad condicional y para tal fin, se considera modificar la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Colectivos reunidos en dicha comisión indicaron que, en caso de aprobarse en la Comisión de Salud será un avance fundamental para los derechos humanos en las mujeres.
