La transición entre el Seguro Popular (SP) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se dio de manera accidentada, lo cual generó una discusión entre quienes destacan las bondades de un esquema y otro. Lo cierto es que, según las opiniones de expertos, funcionarios, exfuncionarios y legisladores, ni el modelo surgido en el sexenio del presidente Vicente Fox era tan eficiente como algunos señalan ni el nuevo programa impulsado por el gobierno actual podrá cumplir completamente, al menos en su arranque, la meta de proporcionar servicios de salud a todas las personas que no cuentan con algún seguro.
Una muerte anunciada
El 14 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de dar marcha atrás a la descentralización de los servicios de salud a la población sin seguridad social, proceso que había iniciado en 1982, al final del sexenio del presidente José López Portillo.
Ese día dijo: “Es evidente que no ha funcionado (…) y va a ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice la atención médica de calidad y medicamentos gratuitos” para todos los mexicanos sin seguro social.
Expuso que uno de los principales problemas del sistema de salud nacional era la fragmentación y desintegración.
También, ese día se firmó un acuerdo entre los gobierno federal y los de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para federalizar sus servicios de salud.
El mandatario anunció también que se destinarían 25,000 millones de pesos para poner en marcha un esquema de federalización del sistema de salud, así como para iniciar la regularización laboral de alrededor de 80,000 trabajadores del sector, entre médicos, enfermeras y personal administrativo que, por lo menos hasta esa fecha, trabajaban por honorarios.
Esas medidas iban dirigidas a pegar en el punto de flotación del Seguro Popular, creado en 2003 y que funcionaba utilizando los servicios de salud estatales.
El Seguro Popular se planteó como un mecanismo de financiamiento a la salud, no como un mecanismo de provisión de servicios. Tenía como objetivo asegurar que la población no asalariada no tuviera que desembolsar grandes cantidades de dinero a la hora de enfrentar un padecimiento de salud debido a que no gozaba de seguro social como los operados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La provisión de servicios quedó a cargo de los sistemas estatales de salud, creados desde las décadas de los 80 y 90, precisamente con la descentralización de los servicios de salud.
El costo era cubierto mediante un subsidio federal proveniente de recursos fiscales del Presupuesto de Egresos de la Federación y de las aportaciones familiares de los asegurados. El monto de la aportación familiar era determinado según el nivel de ingreso de cada familia.
Hasta el momento que dejó de funcionar el Sistema de Protección Social en Salud a través de su brazo operativo el Seguro Popular, tenía un padrón de beneficiados de 54 millones de mexicanos. 89% de los recursos del sistema se transferían a los estados para operar los servicios de consulta de primer nivel y la hospitalización general en el segundo nivel de atención. Eso se complementaba con un esquema para financiar la atención de alta especialidad, el Fondo de Protección contra gastos Catastróficos que reunía 8% de la totalidad de los fondos.
De acuerdo con el exsecretario de Salud, Julio Frenk, entre 2000 y 2018 el presupuesto de la Secretaría de Salud aumentó 210% en términos reales y su motor principal fue la creación en 2003 del Sistema de Protección Social en Salud, cuyo brazo operativo es el Seguro Popular.
Los peros al Seguro Popular
La suerte del Seguro Popular estaba echada. El 3 de julio de 2019, el coordinador de la fracción legislativa de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado presentó la iniciativa de ley para eliminarlo y crear el Insabi. La exposición de motivos dice que a casi 15 años de operación del Seguro Popular son tangibles las limitaciones de este modelo de financiamiento.
Refiere que no se ha logrado el acceso efectivo, de acuerdo con la necesidad de las personas, toda vez que éste se encuentra restringido a la suficiencia presupuestaria y a un catálogo limitado de servicios que no incluye todos los padecimientos y, como consecuencia de ello, existen casi 20 millones de mexicanos que no cuentan con un seguro médico.
En consecuencia, continúa, los afiliados al Seguro Popular siguen teniendo un alto gasto de bolsillo ya que se ven obligados a pagar los servicios excluidos del mencionado Seguro para acceder a los servicios que requieren para atender sus necesidades de salud.
La exposición de motivos refiere que a pesar de que uno de los propósitos de la creación de ese instrumento fue el de promover el aumento de prestadores privados de servicios de salud, los principales prestadores de servicios a los afiliados al Seguro Popular son los Servicios Estatales de Salud (SES) y los servicios de alta especialidad que son brindados por diversos organismos descentralizados de la administración pública federal sectorizados a la Secretaría de Salud, es decir, siguen siendo del sector público.
Añade el texto de la iniciativa que las instituciones públicas no han incrementado su infraestructura física, ni han dado mantenimiento óptimo a la infraestructura existente; tampoco han contratado los recursos humanos necesarios, a pesar del crecimiento de la población que atienden. En consecuencia, los afiliados al Seguro Popular no tienen acceso a una atención oportuna y de calidad.
El 1 de diciembre de 2020 ya debe estar funcionando como se quiere, dijo AMLO.
El jueves pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para esa fecha todos los servicios y medicamentos que ofrezca el Insabi serán completamente gratuitos.
“El 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otros países del mundo, como Dinamarca, a eso aspiramos, como Canadá, como Reino Unido, es un desafío”, declaró el mandatario federal.
Ese día el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela informó que el Insabi funcionará con cuatro coordinaciones nacionales para la gestión, abasto, infraestructura y finanzas.
Informó que entre el 8 y el 14 de enero se sostuvieron reuniones con los secretarios de Salud y sus equipos técnicos de los 32 estados para informarles las reglas de operación del Insabi contenidas en los Acuerdos de Coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.
