Con solo escribir en el buscador Google la frase “protestas Oaxaca”, decenas de notas informativas aparecen en la pantalla, la mayoría del mismo día. A Oaxaca se le puede considerar como el estado de las marchas y las protestas, dado el número de ellas que se presentan a diario.
Si bien no existe un lugar específico para realizarlas, la ciudad de Oaxaca de Juárez es la favorita, al ser lasede del poder político del estado, además, el Istmo de Tehuantepec, la Costa, la Cuenca del Papaloápam y en menor medida la Mixteca las regiones más afectadas.
No existe una estadística a nivel estatal de las marchas y bloqueos, y sólo el municipio de Oaxaca de Juárez intenta llevar un conteo de las marchas y bloqueos que ocurren en su territorio, aunque cabe recordar que zonas como el Congreso del Estado, Ciudad Administrativa y Judicial, que se encuentran en otros municipios, no entran en este conteo.
De acuerdo con los datos del municipio de Oaxaca de Juárez, tan sólo entre enero y noviembre de 2019 se contabilizaron 317 eventos de marchas, bloqueos o manifestaciones en la capital del estado, con lo que superará los números del 2018. En total fueron 71 marchas, 138 bloqueos y 100 mítines o manifestaciones.
En incremento notable
Mientras que en el 2016 se contabilizaron 45 bloqueos de vialidades en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el 2018 fueron 337, más de seis veces más, así lo revelan un informe de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).
En cuanto a las marchas, en el 2016 se contabilizaron 64 y en el 2018 fueron 162, se duplicaron.El documento mide las marchas y los bloqueos desde el 2012, siendo éste el segundo año con la mayor incidencia en ambos rubros, con 143 marchas y 556 bloqueos de vialidades.
Un análisis del municipio de Oaxaca de Juárez detalla que esta demarcación padece en promedio, dos afectaciones al libre tránsito diariamente, debido a manifestaciones sociales, señalando que, desde una perspectiva de análisis social, las marchas y bloqueos como forma de protesta tienen su punto de cimentación en el conflicto social después del año 2006, y a partir de entonces la gran mayoría de organizaciones que participan en estos actos, tomaron como ejemplo la dinámica de movilización de dicho conflicto, como medio de presión hacia el gobierno estatal, principalmente.
El año con la mayor incidencia de los últimos siete fue el 2013, cuando se alcanzaron en la capital oaxaqueña mil 387 bloqueos a las vialidades y 297 marchas. A partir del 2014 se redujeron drásticamente las manifestaciones, con 95 marchas y 225 bloqueos.
Ante este panorama, en el cual el municipio de Oaxaca de Juárez es receptor de manifestaciones dirigidas, en su gran mayoría, al ámbito de competencia del gobierno estatal, no se han implementado medidas que equilibren el derecho a la libre manifestación y el derecho al libre tránsito, destaca el análisis del municipio.
La disminución de estos eventos siguió en 2015, cuando la SSPO registró 72 bloqueos y 110 marchas para llegar a su punto más bajo en el 2016. En el 2017 se incrementaron los bloqueos, pues se registraron 266, lo mismo que las marchas, pues en ese año se alcanzaron 133.
Llama la atención que las manifestaciones han dejado de ser exclusivas de las organizaciones sociales, pues se han incrementado las protestas de padres de familias de las diferentes escuelas, quienes han “aprendido” a solicitar sus demandas mediante la toma de oficinas o bloqueos de calles.
Un fracaso la política interna
Luego de que el Congreso del Estado fuera asediado por manifestantes, la diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Delfina Guzmán Díaz, criticó la política interna del estado y en especial a Héctor Anuar MafudMafud, titular de la Secretaría General de Gobierno (Segego).
“Como ustedes saben, en los últimos días este Congreso ha sido asediado por personas de diversas comunidades que exigen solución a distintas demandas, la mayoría de ellas justas y legítimas”, dijo entonces la diputada, “en política no existen las casualidades. Y esto sucede cuando apenas se renovó la coordinación del Grupo Parlamentario mayoritario, y con ello la presidencia de la Junta de Coordinación Política”.
Señaló, ante estas acciones “diputadas y diputados, aquí huele a gato encerrado. Huele a gato medio muerto y momificado” y pidió a Mafud Mafud que los dejé trabajar, “entienda que los tiempos cambiaron. Que tiene usted que vivir y trabajar en una realidad en la que el gobernador, el jefe de usted, ya no es el patrón del Congreso del Estado”.
Señaló que el Secretario General de Gobierno tiene que interactuar con las distintas fuerzas políticas y con los distintos poderes del Estado, conforme las reglas democráticas de la política, y no bajo los mecanismos que él está acostumbrado.
“Deje de atizar el avispero. Si quiere ser escuchado por el Congreso, con mucho gusto podemos recibirlo y atender con atención lo que tenga que decir. Mal favor hace usted a su patrón con estas prácticas del pasado. Mal favor le hace administrando, atizando o haciendo estallar conflictos con base en mentiras”, insistió la legisladora.
El negocio de la protesta
En Oaxaca existen 409 organizaciones de la sociedad civil y sociales reconocidas por las autoridades, más los que no aparecen en los registros, a Segego ha destinado mil 337 millones 153 mil 843.2 pesos del 2013 al 2018.
El dinero se cataloga en el concepto gobernabilidad democrática, el cual tiene como objetivo mantener la paz en la entidad, es decir, solucionar los conflictos con organizaciones sociales, políticos, agrarios y religiosos, esto de acuerdo con reportes anuales de la Secretaría de Finanzas.
La Segego gastó en promedio 222 millones de pesos anuales en seis años para la solución de conflictos sociales en la entidad. La opinión pública desconoce el paradero de estos recursos, pues la dependencia encargada de coordinar la política interna de la entidad mantiene el misterio y la negativa de desglosar como utilizó este dinero.
“Hoy el Estado Mexicano tiene que pagar por resguardar la paz social, una causa justa se convirtió en un negocio, que inclusive ha ocasionado muchas personas muertas entre los mismos indígenas, quienes se disputan el control del poder y del dinero”, dicta el estudio, Corrupción y los Grupos de Poder en México, del investigador Salvador Alejandro Hernández Aguilar.
La publicación califica a las organizaciones sociales como una de las tantas formas de corrupción que existen en México, los cuales toman la protesta pública como estandarte de defensa de las causas justas, sin embargo, lleva consigo un interés de fondo que consiste en debilitar a la estructura del gobierno, obtener recursos económicos, fomentar el desorden y la anarquía, secuestrando la tranquilidad social de las mayorías.
“El fenómeno de la corrupción se presenta con el ‘chantaje’ que ejercen algunos grupos sociales, que en el falso ejercicio de la ‘causa legítima’, obligan al Estado a entregarle recursos económicos, en caso contrario, ejercen actos de violencia que afectan la gobernabilidad y la paz social e impiden la correcta aplicación de la ley, generando impunidad”, destaca Hernández Aguilar en su investigación.
En este trabajo se detalla que los mediadores, quienes en su mayoría son servidores públicos, se aprovechan de este desorden social y fomentan la proliferación de estas organizaciones y son éstos los que ordenan clandestinamente las organizaciones y protestas.
No solo en la capital
En el Istmo de Tehuantepec y de acuerdo con una nota periodística publicada en el EL IMPARCIAL DEL ISTMO, Gustavo Eduardo Frey presidente del Consejo Ciudadano, reconoció que en los primeros 11 meses de 2019 se contabilizaron al menos 400 bloqueos sólo en el Istmo de Tehuantepec.
El Puente de Fierro, en Santo Domingo Tehuantepec, se ha convertido como un monumento a los bloqueos, y la ciudad de Juchitán se ve perjudicada con el transporte ilegal, sobre todo por los mototaxistas.
Además, ante los retrasos en la reconstrucción por los sismos del 2017, los habitantes de esta región han tomado los bloqueos carreteros como bandera para lograr más y mejores apoyos.
En la Costa de Oaxaca, sobre todo en Pinotepa Nacional, un conflicto entre mototaxistas y taxistas ha provocado el cierre en varias ocasiones de la carretera costera, lo que ha dejado inclusive personas lesionadas.
En la Sierra Sur, el conflicto agrario entre Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec ha provocado el cierre de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido por parte de habitantes de ambas comunidades, lo que ha afectado a cientos de automovilistas y peregrinos.
En Valles Centrales, la caseta de peaje deHuitzo se ha convertido en botín diario de las diferentes organizaciones y poblaciones que han tomado como negocio su toma para obtener ingresos, cobrando una cuota “voluntaria”, que muchas veces supera los 100 pesos, sin que las autoridades hagan algo para evitarlo.
