El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) remitió a la Cámara de Senadores un estudio que revela que reos de siete centros penitenciarios —dos federales y cinco estatales— realizaron 3.7 millones de llamadas de teléfonos celulares para extorsionar o secuestrar, hecho que “evidencia la inutilidad de los equipos bloqueadores de señal instalados” en las cárceles del país.
De acuerdo con el Informe de Resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones que Permitan Inhibir y Combatir la Utilización de Equipo de Telecomunicaciones para la Comisión de Delitos o Actualización de Riesgos o Amenazas a la Seguridad Nacional Junio 2017-Junio 2018, del IFT, el bloqueo de señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen dentro de los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de entidades, que ya está demostrado que es inútil, ocasiona “interferencias que afectan a los usuarios y a la calidad del servicio”.
“El conjunto de equipos sospechosos en los siete penales, cuyo número varió cada semana, fueron la fuente de 219,700 llamadas en el periodo (de tres semanas). Si se anualiza esta estadística, arroja una cantidad de 3.7 millones de llamadas”, explica.
“Para la sociedad en general estas cifras son alarmantes si se combinan con los reportes que señalan un incremento en actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el secuestro”, expone.
Se detalla en el reporte que la tendencia para la realización de llamadas ilícitas desde las penitenciarías es la modalidad de prepago y que éstas se hacen a series de números telefónicos consecutivos.
“Se confirma que hay una cantidad apreciable de equipos sospechosos en el conjunto de los penales de la muestra y que, incluso donde hay pocos equipos, puede ocurrir una cantidad de llamadas con propósitos delictivos a lo largo del día, afectando a los usuarios y la calidad del servicio por las interferencias que generan los bloqueadores de señal instalados”, se lee.
A través del estudio, se pide a las autoridades penitenciarias diseñar “un programa que reduzca al máximo la introducción de equipos terminales y de las IMSi (Identidad Internacional de Abonado Móvil, por su sigla en inglés) en los recintos penitenciarios”.
Haber analizado la información para cada uno de los penales durante tres semanas, refiere el extenso documento, “permite identificar otros patrones de comportamiento y el grado de actividad delictiva en los distintos recintos’’.
A manera de ejemplo, detalla que “el caso más llamativo” es el del recinto penitenciario identificado simplemente como “C’’, sin precisar el nombre por razones de seguridad, “donde se hallaron pocas terminales sospechosas, que en ningún caso rebasan los 48 en una semana.
“Sin embargo, ahí se registran los mayores índices de intensidad con 180, 148 y 160 llamadas por equipo durante cada una de las tres semanas analizadas; esto es el doble del índice reportado en el inciso anterior, aunque el total de equipos es sólo 10% del total que operan en el recinto B”.
