Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá aprobaron que Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, permanezca detenido hasta que sea extraditado a México, como lo solicitó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
El fiscal Superior de Asuntos Internacionales de Panamá, José Candanedo, detalló que en la reanudación de la audiencia de extradición, los magistrados rechazaron la petición de los abogados de Roberto Borge para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por el pago de una fianza.
“La defensa había solicitado que se sustituyera la medida cautelar o que se aplicara una fianza a favor del señor Roberto Borge Angulo; sin embargo, el Tribunal consideró que los requerimientos cautelares exhibidos en la causa no han variado desde que inició.
“Existen diversas causas penales por las cuales debe responder el señor (Roberto Borge) y esto sumado al poder adquisitivo que tiene el ciudadano, lo que permite su fuga del país fue lo que incidió en que los magistrados decidieran que no es conveniente sustituir la medida cautelar aplicada”, aseguró el fiscal Candanedo.
Explicó que el Tribunal también concedió la solicitud de la Fiscalía de que se aplique un plazo judicial de 60 días para que la Cancillería de Panamá se pronuncie sobre la extradición de Borge, por lo que el exgobernador no acudirá a otra audiencia.
Lo que sigue, indicó el fiscal, es un proceso administrativo en el que los magistrados decidirán de manera escrita si procede su entrega a México y, posteriormente, lo notificarán de la resolución.
Advirtió que si el tribunal considera que los documentos relacionados con la extradición son insuficientes, le otorgará al gobierno mexicano un plazo de 30 días para que los complemente.
“Una vez que la Cancillería emita su resolución, el reclamado tendrá 15 días para interponer incidente de objeción, el cual conocerá la Corte Suprema, misma que tendrá que resolver en un plazo máximo de 5 días.
“Cabe señalar, que durante este periodo Roberto Borge Angulo puede manifestar su deseo de allanarse a la extradición, lo cual aceleraría su entrega a nuestro país”, explicó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.
#Periscope Fiscal da declaraciones sobre orden de formal arresto de exgobernador de Quintana Roo, México https://t.co/vxKRIF8rPN
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) 2 de agosto de 2017
Además, la PGR recordó que la solicitud formal de extradición corresponde a cuatro causas penales: la primera del fuero federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y las tres restantes por causas del fuero común, por lo que hace a los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
El exgobernador de Quintana Roo compareció este miércoles 2 de agosto ante el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá, luego de que el juez decretó un receso en la audiencia, la cual comenzó un día antes.
Roberto Borge fue detenido en Panamá el pasado 4 de junio, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando se disponía a tomar un vuelo que lo llevaría a París, Francia.
México, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), lo busca por su supuesta implicación en la venta irregular de terrenos en la entidad, por lo que ya solicitó oficialmente a Panamá su extradición.
Fue el pasado 27 de julio cuando el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), formalizó la solicitud de extradición en contra de Roberto Borge.
¿Qué funcionarios de Roberto Borge tienen orden de aprehensión?
Además del exgobernador Roberto Borge, otros dos exfuncionarios están presos, seis tienen orden de aprehensión pero siguen libres y se investiga a entre 12 y 14 más, aseguró el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
Entrevistado en el INAI luego de acudir a firmar un convenio para sumar a la entidad a las plataformas de Comisiones Abiertas y Transparencia en Publicidad Oficial, el mandatario estratal explicó que Roberto Borge tiene tres denuncias directas ante la PGR y algunas más en la Fiscalía del Estado por delitos, como: venta ilegal de tierras del estado que vendió a precios muy bajos respecto a su valor comercial, movimientos irregulares de recursos, uso inadecuado de aviones y pagos por vuelos no efectuados.
