Pese al discurso de promover la tolerancia religiosa en el estado, alrededor de 300 familias han sido expulsadas de sus comunidades en la Sierra Norte, Mixteca y Sierra Sur.
En las comunidades se desconoce que existe una Ley sobre Culto Religioso y un reglamento, por eso es necesario enseñarle a la sociedad, sostuvo Porfirio Flores Zúñiga, representante de la Cofraternidad de Pastores Evangélicos.
“Existen muchos derechos que han sido privados tanto para los ministros de culto como para aquellos que desean profesar una religión y se agrava cada vez más en las comunidades”, dijo.
En el marco de la presentación del Consejo Interreligioso de Oaxaca que aglutina a católicos, cristianos, pentecostés, mormones y bautistas, indicó que un caso se vive en la agencia municipal de San José Quianitas de Santa María Quiegolani, donde fueron expulsadas dos familias y que obligó a promover un amparo por abuso de autoridad.
Otro más persiste en San Andrés Yaa, donde un pastor evangélico no ha podido regresar a la comunidad a pesar de que tiene un amparo. Además de otros dos casos en la Mixteca que se mantienen vigentes.
De acuerdo con la Defensoría de los Derechos humanos del Pueblo de Oaxaca, mientras en 2018 se presentaron 11 quejas por conflictos religiosos, hasta septiembre de este año se había presentado igual número de quejas.
Ante ello, estableció que el Estado Mexicano tiene el deber de garantizar la libre manifestación y ejercicio de conciencia y de religión, sea de manera individual y colectiva, tanto en público como en privado, toda vez que se trata de un derecho inherente a cada individuo, cuyo principio radica en su dignidad y en su consecuente autodeterminación como persona.
En el estado se han registrado conflictos por intolerancia religiosa donde se han detectado amenazas, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, imposiciones de multas, arrestos por 24 horas y la negativa de proporcionar servicios indispensables, entre otros en contra de quienes profesan una religión contraria a la católica.
En años anteriores se registraron casos donde se señalaron a las autoridades del Sabinillo, Santo Domingo Tonalá, en la región Mixteca; el agente municipal de Santiago Teotlasco, perteneciente a Ixtlán de Juárez; el Ayuntamiento de San Juan Bautista Cuicatlán, de la región Cañada, entre otros.
