¿Crisis de Estado?

Toda la historia del México independiente (incluyendo el día de hoy) está plagada de crisis políticas que han puesto en peligro la estabilidad del Estado. Han exhibido la ineptitud y corrupción de hombres en el poder. Se ha mermado territorialmente a México. Se ha empobrecido su población. Se han sucedido cambios frecuentes en las formas de mando, la mayor parte regresivas y parece insistirse en que se mantenga el atraso, la pobreza, la deshonestidad, la ineficiencia de personas y la ineficacia de leyes e instituciones. Se trituran bienes y se arrojan al pueblo residuos, como a una cloaca de putrefacción.
Lo ocurrido el Culiacán el 17 de octubre de 2019, es una lamentable muestra de un Estado que no se vale de sus leyes ni de sus instituciones para el uso legítimo de la fuerza y el poder, como maneras de combatir a la delincuencia que parece adueñarse, paso a paso, de espacios ya sometidos al terror. Tal pareciera que la criminalidad se impone y vamos a un proceso de descomposición del “tejido social” (como dicen los cursis) que irremediablemente desembocará en la anarquía y el desorden absoluto. (La anarquía no deriva de ninguna ideología amable, sino de un negativo criterio de destrucción y odio).
México es un país grandote, pero no es grandioso. Se preconiza que estamos entre las quince economías más grandes del mundo y la tercera en el Continente Americano. Pero son apreciaciones relativas. La pobreza campea: 52.4 millones de personas, el 41.9 por ciento de la población (Coneval a 2018) y los indicadores de carencias sociales son terribles, inferiores a los países de la OCDE, de la cual somos parte, pero en el vagón de cola. La economía informal ocupa al 28 por ciento de la población y la informalidad laboral el 56.7 (Inegi 2019). La riqueza sigue concentrada, pero erróneamente se ha dispuesto repartir los caudales públicos sin un plan de reposición. Es talar bosques sin reforestar.
México cuenta con fuerzas armadas disciplinadas y entrenadas. Las corporaciones están equipadas con armamento y municiones de alto costo. Hay servicios de inteligencia. Pero actualmente hay una contradicción oficial: está prohibido usar las armas aún en defensa ante agresiones de la criminalidad. Entonces, resulta absurdo el gasto militar o policial. Se afirma que usar la fuerza, aún contra la peligrosidad delincuencial, es “reprimir al pueblo”, lo cual en realidad hace de éste una masa crítica indefensa y expuesta a la voluntad y opresión de los malvados.
El gobierno intenta recaudar más en impuestos, pero ha dejado de motivar a los empresarios que invierten y, consecuentemente, el empleo formal y los contribuyentes cautivos se reducen, orillando a que la ocupación potencial para el trabajo creativo, se desvíe hacia la delincuencia organizada (o de la otra) y hacia la informalidad, que finalmente es ésta última una forma de ganarse la vida, no deshonesta, pero fuera del círculo tributario.
Es una fantasía afirmar que se ha separado al poder político del poder económico. Pretender establecer analogías con la época decimonónica, es un sofisma. El poder económico requiere de un gobierno estable y confiable y viceversa, que con la inversión pública impulse a la privada para el crecimiento económico y sus consecuencias virtuosas: pleno empleo y desarrollo; inversión, gasto y ahorro. Éste último no se alcanza si los factores económicos (tierra, capital y trabajo) no confluyen en armonía con un Estado que disponga de leyes e instituciones que persigan el bienestar apoyando a la economía.
La sociedad mexicana se está enfrentando lamentablemente a la extorsión del crimen organizado, a una cautividad sin esperanza de salida. Ya no se abriga ni la esperanza de que el Estado rescate al ciudadano: se han establecido legislaciones confiscatorias y trascendentes que constituyen despojos, afectación a la propiedad, a las herencias, a la disposición monetaria y a la abierta eliminación de garantías, antes consagradas para el ciudadano. Se puede llegar a una situación temor y de indefensión y eso es una crisis de Estado.