Comunidades rurales e indígenas enfrentan trata de personas y explotación: CNDH
37 por ciento de las víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación en los trabajos o servicios forzados son mujeres y el 63 por ciento son hombres.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), alertó sobre los riesgos que enfrentan las comunidades rurales e indígenas ante la trata de personas y la explotación laboral o servicios forzados, por lo que demandó a la autoridad erradicar la impunidad.
Con base en el Informe Global sobre Trata de Personas 2016 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a nivel mundial, destacó que 37 por ciento de las víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación en los trabajos o servicios forzados son mujeres y el 63 por ciento son hombres.
“Los datos que este informe brinda para la Región de Norteamérica, de la cual México forma parte, señalan que las mujeres representan el 50 por ciento de las víctimas de esta modalidad de trata de personas”, indicó.
Ante ello, el organismo nacional demandó se visibilice la trata en los trabajos o servicios forzados, poniendo especial énfasis en las acciones de prevención y protección dirigidas a que niñas y mujeres no sean captadas en las comunidades rurales e indígenas para ser explotadas en el trabajo en el hogar, en los campos agrícolas y las maquilas, al reconocer que este sector de la población no solo es vulnerable a la trata con fines sexuales.
“En ocasión del Día Mundial contra la Trata de Personas , el 30 de julio, el combate a ese delito demanda erradicar la impunidad, así como propiciar la acción ordenada y coordinada de las autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia, con el fin de hacer frente a ese delito”, subrayó.
Afirmo que “la corrupción, impunidad, normativa y prácticas administrativas deficientes, así como las políticas públicas que piden a las personas acceder en condiciones de igualdad a las oportunidades, son causas estructurales de la trata de personas”.
Por ello, demandó a las autoridades intensificar acciones preventivas por tratarse de un delito que atenta contra la libertad y dignidad de las personas.
“Se trata de contar con políticas públicas e instrumentos jurídicos para ofrecer protección y asistencia oportuna, así como la reparación integral del daño a que tienen derecho las personas que han sido afectadas por ese delito”, enfatizó.
