Siendo Oaxaca uno de los estados con el mayor número de protestas, las leyes que se han presentado en el congreso local para intentar regular las manifestaciones, se encuentran en la congeladora.
Desde la 63 Legislatura, los diputados que integraron la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron una iniciativa de Ley de Manifestaciones del Estado de Oaxaca, sin embargo, ante la reacción de las diferentes organizaciones civiles y del magisterio oaxaqueño se quedó en estudio en las diferentes comisiones.
En su momento, el diputado panista promotor de esta iniciativa, Juan Iván Mendoza Reyes, señaló que sus compañeros legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias como el PRI, PRD y Morena, evitaron debatir acerca del tema para evadir costos políticos.
Un año después, en la 64 Legislatura la misma Fracción Parlamentaria del PAN, retomó esta iniciativa mediante la diputada María de Jesús Mendoza Sánchez, quien la sometió al pleno el pasado 21 de enero de 2019, sin embargo, al igual que la pasada legislatura permanece en la congeladora.
Entre los puntos importantes que se señalan en esta propuesta es establecer como obligación de los ciudadanos el dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) sobre las manifestaciones que realizarán con el propósito de que la autoridad trace rutas alternas, elabore planes en caso de que se presente alguna contingencia y preste servicios básicos a los participantes (tales como agua, sanitarios y asistencia médica).
Además propone establecer que la autoridad competente pueda impedir la celebración de manifestaciones atendiendo a factores de riesgos medio-ambientales y de protección civil, así como cambiar el recorrido de las marchas por motivo de orden público.
En uno de sus párrafos refiere que se podrán prohibir los bloqueos de vías y el desarrollo de manifestaciones en vialidades de un solo carril.
Establecer horarios para la realización de manifestaciones, Así como permitir únicamente las manifestaciones que se realicen de manera pacífica y con algún “objeto lícito”.
Cabe destacar que en fechas recientes los diputados del estado de Tabasco aprobaron una modificación en el código penal de dicha entidad para castigar a quienes incurran a la protesta social para obtener beneficios personales, extorsión o impedir la construcción de obras públicas.
Esta iniciativa surgió para intentar frenar a los sindicatos violentos que operan en aquella entidad, tal como ocurre en Oaxaca cuando los agremiados a la Catem, CTM, Libertad, entre otros se disputan las obras o impiden la realización de las mismas a base de la violencia.
