En esta población ubicada a dos horas de la capital oaxaqueña, la herida no cicatriza. El rastro que dejó aquel enfrentamiento de 2016 se mantiene vigente por doquier: entre las viviendas de las víctimas y sus vecinos, entre sus caminos con fierros calcinados y el monumento que recuerda a sus muertos.
Desde aquel 19 de junio de ese año, la justicia no llega. Ni un solo detenido, ni la reparación del daño; solo recuerdos y exigencias por aquel día del padre que fue ensombrecido por las balas y la sangre.
Ocho hombres el 19 de junio y más de 200 fueron heridos con armas de fuego y toletes, con piedras y palos; de éstos, solo 154 quedaron en el registro de las autoridades, los demás prefirieron callar, decidieron curarse en sus casas, no confiaron en ningún gobierno.
Desde el día 1, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla, afirmó que representantes del organismo estatal estuvieron en el lugar de los hechos e iniciaron la documentación de lo que ahí ocurrió.
Pronto el expediente pasó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que después emitió una recomendación, cuyas páginas no convencen a las víctimas ni a quienes estuvieron en el enfrentamiento.
Para el defensor, el organismo estatal sigue en el proceso de acompañamiento a las víctimas, a solicitud de las mismas, sin importar a qué grupo pertenezcan.
La COVIC, asegura Rodríguez Alamilla, pidió a la Defensoría continuar con este proceso de acompañamiento ante las instancias de salud y de procuración de justicia médicas, e incluso ante la CNDH, en vías de solicitud de justicia.
“Con la comisión ejecutiva de atención a víctimas se ha solicitado apoyo a ciertas necesidades que todavía presentan las víctimas en el esquema de reparación integral del daño. Hace unos días dimos acompañamiento a quienes todavía siguen rindiendo declaración ante la Fiscalía General de la República”, señala el Defensor, quien admite que el seguimiento al caso se realizará hasta que quede esclarecido y las víctimas obtengan reivindicación de sus derechos.
“Se pidió acceso a los servicios médicos y dio acompañamiento a las víctimas en dicha solicitud. La DDHPO también acompaña en las declaraciones en la Fiscalía, a fin de vigilar que sus derechos no se vean doblemente vulnerados”.
Para el defensor, el tema de la reparación del daño ha sido complejo porque, si bien existe una recomendación por la CNDH, durante estos años han salido a la luz más víctimas que han pedido acompañamiento o no se sienten representadas por ningún movimiento.
“Ha sido complejo el tema, porque por el lado de la justicia todavía se están dando declaraciones ante la Fiscalía General de la República, lo cual significa que el caso aún no está cerrado, y evidentemente los responsables aún no están totalmente definidos; esto a su vez, no permite una reparación integral a las víctimas”.
Ante ello, expuso la necesidad de definir la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el caso Nochixtlán, además de generar garantías de no repetición del hecho, donde el estado garantice que los hechos del 19 de junio no vuelvan a repetirse ni en Oaxaca, ni en el resto del país.
“Faltan muchos parámetros para el uso legítimo de la fuerza pública; lo que sucedió en Nochixtlán fue un exceso en el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiacos”, señala el defensor, quien admite que la herida de Nochixtlán se mantiene abierta.
El ataque los marcó
José Luis Cruz Aquino, hermano de Anselmo Cruz Aquino, ejecutado el 19 de junio en Nochixtlán y representante de Los sobrevivientes de Tlaxiaco y Nochixtlán, recuerda aquel día que enlutó su hogar.
El hombre que dirige a la fecha a 45 víctimas del caso Nochixtlán, no olvida cuando cientos se unieron en apoyo a los manifestantes que elementos policíacos pretendían desalojar en la carretera 135-D, donde se mantenía un bloqueo en protesta a la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto.
Originario de Nochixtlán, pero residente de Tlaxiaco, José Luís afirma que ese día el pueblo se unió en apoyo a los profesores y la agresión de los elementos se dio desde el primer momento, el protocolo de desalojo no se cumplió.
Ese 19 de junio, horas antes del enfrentamiento, José Luis se había reunido con sus tres hermanos para salir a Santiago Amatlán y celebrar el Día del padre, pero el toque de campanas del pueblo los llevó por otro camino.
“Nos avisaron que la policía empezó a aventar gas lacrimógeno y a meterse en las colonias como la colonia Buena Vista y la 20 de noviembre; fue ahí que nos unimos para apoyar”, señala.
De 35 años en ese 2016, José Luis acudió con sus tres hermanos a defender el bloqueo y a los profesores que ya habían sido alcanzados con gas lacrimógeno. Minutos después, él y su hermano Anselmo fueron alcanzados por balas que, asegura, provenían de los uniformados.
“Yo vi cuando Anselmo se estaba desangrando por la bala que recibió en el mentón; lo alcancé, lo abracé y lo saqué de ahí; lo llevé al hospital donde murió minutos después”, expresa el hombre que lamenta la falta de atención de las autoridades a la niña y niño que desde ese momento quedaron sin padre.
“Recuerdo que ahí había elementos de la Policía federal, estatal y la gendarmería. Eran muchos y tenían muchas armas”, añade José Luis, quien sigue de cerca los avances en la investigación del caso, pero que dice están hechos a modo.
“A la fecha no hay culpables y ya son tres años en los que exigimos justicia. Hace poco tuvimos una audiencia con la FGR, pero no hay avances sustanciales. Las autoridades dicen que el proceso sigue y hay investigación, y que para no entorpecer las investigaciones no nos pueden dar más datos”.
Afirma que el Gobierno del Estado no hado apoyo a su representación y la autoridades locales poco hacen luego de que el caso fuera llevado ante la FGR, con la cual se han mantenido en contacto y a la espera de resultados.
Contrario a lo que dice el defensor de los Derechos Humanos, José Luis expone que la Defensoría ya no los acompaña desde 2017 y no han tenido acercamiento con el recién nombrado titular del organismo estatal, pero sí con la CNDH.
“Para quienes resultaron heridos de bala, la Comisión de Atención a Víctimas brindó atención médica y psicológica en hospitales, pero donde las víctimas han sido sujetos a discriminación y han sido atendidos de manera tardía”.
José Luis recibió muchos golpes y estuvo en rehabilitación por varios meses; su hermano recibió una bala que terminó con su vida al instante.
Heridas de por vida
De las 45 víctimas que representa José Luis Cruz Aquino, 35 fueron heridos de bala y el resto solo lesiones por golpes.
Cuatro heridos de por vida: una persona fue herida desde el helicóptero, ahora apenas y puede caminar, no tiene la fuerza para desempeñar sus actividades de manera normal, los cuatro fueron heridos de bala en la pierna.
Todos solo han recibido rehabilitación.
Hace seis meses recibieron 4 mil pesos al mes de apoyo para alimentación
Al actual gobierno no les interesan las víctimas, lo que no fue en su año no hace daño, dicen.
Reclama COVIC justicia
Según Santiago Ambrosio del Comité de Víctimas Por Justicia y Verdad (COVIC ) 19 de junio, las víctimas directas son: 47 niños de la colonia 20 de Noviembre que fueron desplazados, 44 adultos heridos de bala, seis presos, 4 por tortura. En total 122 víctimas.
Las víctimas piden la reparación del daño siempre y cuando haya justicia. Por ahora no han recibido apoyo económico.
Les reembolsaron lo que habían gastado hasta por un año en la rehabilitación.
“Nosotros estamos en la lógica de no recibir dinero hasta que se haga justicia”, dijo Santiago Ambrosio, sin embargo, respetan la forma de actuar del otro grupo.
Desconocen cuántas víctimas se han quedado fuera de los dos grupos; se estima que al menos 200. Muchos para no enfrentar el proceso y los riesgos que para ellos implica.
Uno en proceso político y colectivo con otras organizaciones como el COVIC.
Ambos bandos difieren en algunos puntos, pero coinciden en su pedido de justicia y castigo a los culpables.
“Somos víctimas todos y sobrevivientes todos, ha habido el respeto”, dijo Santiago Ambrosio.
DEFENSOR
De los policías, se buscó entrevistas con ellos y se platicó con ellos, pero se volverían a acercar con ello si se requiriera.
José Luis asegura que las autoridades no han demostrado que policías fueron heridos, a pesar de haberlo solicitado. Muchos fueron por cuetes o piedras, pero no es lo mismo con un arma de fuego.
