Funcionarios públicos que duplican el sueldo del presidente de la República y diputados que entre sus pretensiones tienen construir un preescolar privado para sus hijos hacen que los oaxaqueños planteen la siguiente pregunta: ¿Y la famosa Ley de Austeridad?
Parte del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del Congreso del Estado de Oaxaca anunció su iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Austeridad del Estado de Oaxaca desde el 21 de noviembre del 2018, sin embargo, a más de siete meses, ésta se encuentra estancada.
En el artículo 7 de este proyecto se especifica que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el gobernador del estado, ya sea con el sueldo base o con las percepciones adicionales.
El salario de Alejandro Murat Hinojosa es de 96 mil 538 pesos mensuales, monto que contempla el sueldo base y las percepciones adicionales, sin embargo, son más de veinte los funcionarios que superan el salario del mandatario estatal.
Sólo por poner ejemplos y de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Finanzas, tres funcionarios del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) duplican el salario del gobernador, sumando sueldo y percepciones adicionales.
En sus artículos 8 y 9 el proyecto de ley señala que los funcionarios públicos de Oaxaca están obligados a recibir los beneficios del sistema público de seguridad social y prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos mayores.
Sin guardaespaldas policiales
En ningún caso se autorizarán recursos de los presupuestos del estado para cubrir por servicio de escolta personal, dicta el artículo 10 del proyecto de la Ley de Austeridad. Actualmente y de acuerdo a reportes extraoficiales, al menos 500 policías estatales son utilizados por los funcionarios como guardaespaldas.
“Únicamente los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta previa autorización del Congreso del Estado.
En una comparecencia ante el Congreso local, José Raymundo Tuñón Jáuregui, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), se negó a dar a conocer cuántos policías trabajan como escoltas, alegando motivos de seguridad del estado.
El documento resalta que se eliminarán los recursos para blindaje automotriz y cualquier otro gasto relativo a la protección personal de los servidores públicos.
Los artículos 11, 12 y 13 del proyecto de decreto señalan que los vehículos oficiales se orientarán exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, además, limita la compra de unidades de lujo y propone racionar el uso de combustible.
Comunicación social limitada
El gasto neto total asignado a la difusión y propaganda se ajustarán estrictamente a lo indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión se determine necesaria, señala el artículo 14 del documento, cosa que en la actualidad queda muy lejos de la realidad.
El Gobierno del Estado gastó 39 millones 474 mil 194.98 pesos en el primer trimestre del 2019 y parte del segundo en propaganda, difusión y ceremonias, lo que representa un desembolso diario de 358 mil 856.31 pesos; los recursos corresponden a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado y a la Gubernatura, esto de acuerdo al reporte de Avance de Gestión de la Secretaría de Finanzas.
“En cualquier caso, la difusión de publicidad oficial por parte de los poderes del estado y de los órganos autónomos constitucionales deberán priorizar el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión. Únicamente cuando estos no estén disponibles o sean insuficientes, procederá a la aplicación de gasto en tiempos comerciales, previa autorización del Congreso del Estado”, destaca el proyecto.
Tan sólo en difusión de propaganda gubernamental, el gobierno estatal desembolsó en el primer trimestre del 2019 27 millones 431 mil 641.22 pesos más un millón 343 mil 652.08 pesos reportados del segundo trimestre.
Viajes sólo necesarios
En su artículo 15, el proyecto de Ley de Austeridad destaca que sólo se autorizarán por ente público, los gastos para traslado para viajes oficiales que resulten estrictamente necesarios, lo que la actual administración no toma muy en serio.
Durante el 2018, la gubernatura gastó 156 millones 893 mil 314.63 en giras, lo que representa un desembolso diario de 429 mil 844.69 pesos, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Finanzas.
“Queda prohibida la adquisición de boletos de viaje en servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte para servidores públicos.
Sólo en vuelos gubernatura utilizó recursos por 93 millones 979 mil 904.12 pesos. Este gasto representa 257 mil 479.148 pesos diarios, cifra que casi duplica lo que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, desembolsó en 15 viajes o un mes de giras, 143 mil 572 pesos, esta última cifra fue revelada en febrero pasado por el diario El Universal.
Además, la iniciativa de ley en los artículos 16 al 18 limita el uso de viáticos por representación, alimentos, gastos de transportación, casetas de autopista y hospedaje, a las de carácter estrictamente oficial. Además, exige a los entes públicos crear tabuladores de viáticos.
El proyecto de ley, de sus artículos 19 al 23, restringe la contratación de personal, llamando a la optimización de las estructuras de las dependencias públicas. Además prohíbe la contratación de secretarios privados, la compra de regalos con cargo al erario y exceder el gasto de telefonía.
¿Un preescolar para los diputados?
A partir del artículo 24, el documento señala que las áreas administrativas de los entes públicos llevarán a cabo un análisis del catálogo de bienes, a efecto de que únicamente se adquieran y suministren los indispensables para la operación de cada área, de acuerdo a la identificación de los patrones de consumo.
Una gasto de cinco millones 246 mil 651.02 pesos es el que se requeriría para construir un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) en el Congreso del Estado de Oaxaca, el cual sólo daría servicio a 33 niños con edades de 45 días a cinco años y 11 meses, destaca el análisis presupuestal del proyecto.
Esta iniciativa fue presentada por la diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Hilda Pérez Luis, y es analizada por el Congreso, tan es así, que el Centro de Estudios y Finanzas Públicas del poder legislativo estatal ha realizado dos análisis al respecto.
El artículo 25 del proyecto de ley también señala que las erogaciones por los conceptos de materiales y suministros deberán reducirse al mínimo.
Mientras tanto para la operación de esta guardería, sólo en los recursos humanos se tendría que desembolsar la cantidad de cuatro millones 130 mil 237.02 pesos anuales, es decir, 125 mil pesos por menor.
Si a esta cantidad le sumamos los 508 mil 365 pesos que se utilizarían para construir las instalaciones y los 608 mil 049 pesos de mobiliario y equipo, suman cinco millones 246 mil 651.02 pesos, que significan una inversión por año de 13 mil 249 pesos por niño.
“En sesión ordinaria de 23 de enero pasado, el pleno del Congreso, turnó a la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, el punto de acuerdo de la diputada Hilda Graciela Pérez Luis, relativo a la instalación de un centro de desarrollo infantil (CENDI), que atienda a hijas e hijos de las y los trabajadores de las distintas modalidades que laboran en el Congreso”, contextualiza el análisis.
Los uniformes
El artículo 26 del documento prohíbe la adquisición de vestuario y uniformes para personal administrativo, con excepción de los cuerpos de seguridad, salud, ciencias forenses y protección civil en todos sus niveles.
En este tenor, a finales del 2018 gran controversia causó el gastó de casi 25 millones de pesos por parte de la Secretaría de Administración por la adquisición de medallas, uniformes y calzado deportivo para los trabajadores de los poderes legislativo y judicial.
“El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca”, dicta el documento, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
