La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que en México se pierde por la corrupción cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y en algunos casos alcanza hasta 10 por ciento de la riqueza nacional.
Lo anterior, dijo, por los abusos cometidos por los servidores públicos o del poder privado para la ganancia personal o de una pequeña élite a costa del interés general.
En el acto donde se firmó el memorándum de entendimiento entre la Secretaría de la Fundación Pública (SFP) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la funcionaria aseveró que este problema eleva la desigualdad, reduce la provisión de los recursos públicos y agrava la pobreza.
Señaló que la corrupción limita la capacidad de las autoridades para combatir la inseguridad y contener la violencia, al tiempo que daña la competitividad de la economía y, sobre todo, mina la confianza entre pares, entre ciudadanos y en las instituciones que los representan, lo que finalmente mina la democracia.
Ante la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado Peralta, así como del copresidente del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G-20, Masato Otaka, expresó que México en los últimos 12 años cayó del lugar 72 al lugar 138 entre 180 países en el índice de percepción de la corrupción y de transparencia internacional.
En este mismo periodo, abundó, se triplicó la tasa de homicidios en el país, mientras que la satisfacción por la democracia pasó de 41 por ciento a sólo 16 por ciento, según datos del Latinoabarómetro en su edición 2018.
En la ceremonia, que se llevó a cabo en la sede de la Cancillería, la titular de la SFP sostuvo que dicho crecimiento ocurrió al amparo de la impunidad. De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional, entre 2013 y 2016, menos de tres por ciento de las acciones penales terminaron en condena.
Resaltó que frente a este panorama, México ha emprendido un nuevo camino partiendo de una premisa: la corrupción no es un problema exclusivamente económico o un fenómeno cultural, sino que se trata de un problema complejo y estructural.
Señaló que la corrupción es un diferencial de poder estructural que permite el abuso por parte de servidores públicos o élites del sector privado, y cuando se da, se genera este flagelo.
En segundo lugar, dijo, está la impunidad que prevalece entre quienes participan en actos corruptos, y tercero, la falta de participación ciudadana en el monitoreo, vigilancia y en la exigencia del castigo.
Para combatirlo, destacó, ciudadanizarán el combate a la corrupción, para lo cual se construirán espacios de participación para que la sociedad forme parte de la vigilancia, prevención y fiscalización de los recursos públicos, constituyéndose consejos de honestidad ciudadana.
Entre otras cosas, señaló, se democratizarán las tecnologías que transparenten la información pública, y tal vez algo de lo más importante es que el Estado se comprometa a proteger a los denunciantes o alertadores internos de la corrupción, tomando provisiones para defender sus derechos laborales.
