El ascenso al poder no es una concesión graciosa de la democracia, es un hecho que debe asumirse con responsabilidad y con el más estricto apego a la ley y su cumplimiento. En las democracias verdaderas, el poder no se toma ni se arrebata: se recibe. El mando gubernamental no es un instrumento de juego ni una herramienta para satisfacer veleidades.
La Constitución Política, en su artículo 26 dispone que el Estado debe organizar un sistema de planeación democrática para el desarrollo nacional, mismo que está reglamentado en la Ley de Planeación, que establece la formulación y presentación de un Plan Nacional de Desarrollo (PND), del cual se derivan los programas sectoriales, que deben detallar las propuestas y, especialmente, la forma de alcanzar las metas señaladas en el mismo. El PND debe ser un documento serio, que sustente la viabilidad técnica, financiera, social y económica de su contenido. Debe ser una guía de desempeño, no un libelo difamatorio.
El gobierno federal ha presentado un llamado Plan Nacional de Desarrollo, señalando en su presentación, que responde a una supuesta herencia de la época (1934) en que Lázaro Cárdenas estaba en campaña: el Plan Sexenal. Eso es inexacto. La presentación y publicación del PND corresponde al gobierno de Miguel de la Madrid, en 1983.
El Plan en comentario se asemeja más a un manifiesto político en el que se plasman aspiraciones de orden social, desatando una cadena interminable de reproches e imputaciones a un “viejo régimen” que según su parecer dejó al país en el desastre total, sin nada que haya aportado y sin nada que se deba rescatar. El Plan tiene como personaje principal a “36 años de neoliberalismo” que comenzó con el “salinato” (así lo dice), para de ahí iniciar apuntado con inocultable ira, una cadena abrumadora de adjetivos calificativos contra un enemigo fantasmal que parece perturbar el ánimo de los creadores y redactores del Plan de Morena.
Mencionaremos algunas de las frases y vocablos que abundan en ese documento, para que se aprecie que no hay brújula para conducir acciones de gobierno, sino proclamas y consignas dignas de un movimiento pre revolucionario: “destrucción del contrato social”, “lujos faraónicos”, “poder oligárquico”, “actividad intrínsecamente corrupta e inmoral”, “desastre neoliberal”, “revolución de conciencias”, “veredicto de las comunidades” (no de la ley, por supuesto), “mandar obedeciendo” (pero no a la ley), “gobiernos oligárquicos y neoliberales”, “manejo entreguista, depredador y corrupto”, “grandes capitales y sus ideólogos”, “la imposición de Carlos Salinas”, “acoso presupuestal sin precedentes a las universidades públicas”, “designios de los embates privatizadores”.
Así como éstas, se podrán encontrar numerosas proclamas que sólo expelen odio, imputaciones de culpa, resentimientos de orden social, incoherencia y, principalmente, inconsistencia entre lo que debe ser un documento técnicamente elaborado y de cómo construir y lograr bases y fundamentos para el desarrollo y el crecimiento de la economía.
En suma, del PND no se deben esperar consignas ni un diagnóstico harto conocido (mal presentado, por cierto) de la pobreza e injusticias que privan a este país desde cualquiera de las pretendidas “transformaciones”, mismas que, visto está, han acentuado polarizaciones y extendido la pobreza. Lo central del Plan que se ha propuesto, es la “Política social” y sus nueve programas de “bienestar”, consistentes, con simpleza, en distribuir dinero a fondo perdido, eso sí, asegurando votos.
En el capítulo que debía ser el más importante (3. Economía), sólo enlista propósitos, entre ellos el “aliento a la inversión privada”; pero de ninguna manera se puede siquiera vislumbrar un método o argumentos que sustenten esa aspiración. Lo que estamos viendo más bien, es que la política actual está desalentada a los principales actores y factores de la economía. Tiene el Congreso dos meses para revisar un plan sin desarrollo.
