La Guardia Nacional aprobada constitucionalmente en marzo pasado ya puede operar en el país, aunque de forma incompleta. Al carecer de una ley propia, de requisitos definidos de reclutamiento y, por ende, de elementos propios formados y capacitados, su despliegue solo puede llevarse a cabo con militares transferidos, formados por el Ejército y la Marina, bajo algunas condiciones.
La reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, dice que esta nueva fuerza necesita tres leyes complementarias, ninguna de las cuales ha sido expedida.
Una de ellas es la Ley de la Guardia Nacional que, según la reforma constitucional, debe resolver al menos ocho aspectos, desde la conformación y regulación, hasta la colaboración con los estados.
El artículo Segundo Transitorio de la misma reforma también indica que la Guardia Nacional puede conformarse inicialmente con policías militares y navales, y que mientras carezca de una ley propia puede funcionar, temporalmente, al amparo de la Ley de la Policía Federal.
No obstante y para que ello se lleve a cabo, el mismo artículo indica que el Presidente debe emitir acuerdos de carácter general, en los que ordene la transferencia de dichos militares.
Hasta ahora no se han anunciado oficialmente ni publicitado la emisión de dichos acuerdos, pese a que el viernes pasado ya se anunció el despliegue de militares convertidos en Guardia Nacional, y a que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, justificó en un tuit este despliegue.
El gobierno federal tampoco ha detallado qué capacitación habría impartido a los militares transferidos a la Guardia Nacional, para que cumplan con el perfil de policía civil que establece el artículo 21 constitucional.
Alfonso Durazo declaró que no sería necesario aplicar controles de confianza policial a los militares transferidos a la Guardia. De acuerdo con expertos y legisladores que aprobaron la reforma, esto contradice lo estipulado en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se advierte que todo elemento abocado a esta tarea debe someterse a control de confianza.
La reforma constitucional autoriza solo la transferencia de policías militares y navales a la nueva fuerza, pero no de elementos de batallones convencionales. No obstante, el periódico Reforma publicó en su edición del 27 de abril que los efectivos con brazalete de Guardia Nacional distribuidos en Minatitlán eran soldados de la 29 Zona Militar, y que uno de ellos dijo que “les pusieron el brazalete y ya”, sin referir una transferencia formal o capacitación.
El dictamen de reforma constitucional aprobado por el Senado también señalaba en el apartado de consideraciones que los militares transferidos a la Guardia deberían pedir licencia al cargo, una situación que tampoco se ha dado. Durazo declaró incluso que – bajo consideración del gobierno – no sería necesaria esta licencia.
Cabe recordar que apenas hace un mes el secretario de Seguridad había señalado, en una conferencia de prensa junto al Presidente desde Tijuana, que el despliegue de los primeros efectivos de la Guardia Nacional tomaría unos tres meses, plazo que se cumpliría hasta finales de junio. En tanto, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dijo que la capacitación en temas de seguridad pública conlleva un periodo de cinco meses.
Lo que falta, a detalle
El dictamen constitucional aprobado en materia de Guardia Nacional plantea tres leyes complementarias a la misma. Una es la Ley de Guardia Nacional que debe aprobarse en un plazo de 60 días posteriores al decreto aprobado (y que se cumplen el 26 de mayo), y las otras dos son las leyes de Uso de la Fuerza y de Registro de Detenciones.
La Ley de la Guardia Nacional es la norma que le dará validez legal a esta nueva fuerza, y regirá su formación y colaboración. La reforma constitucional plantea 8 temas que debe abordar esta ley, entre ellos: los requisitos que deben cumplir sus integrantes, los criterios de evaluación de los mismos, su estructura jerárquica, orgánica y régimen de disciplina, las condiciones de colaboración con entidades y municipios etcétera.
El pasado 11 de abril el gobierno entregó una propuesta de iniciativa de esta ley al Senado, en la que se contempla, entre otras cosas, que los elementos de la Guardia deben ser sometidos a pruebas de control de confianza. En el caso de los militares transferidos, se señala que estos deben cumplir con una capacitación policial.
Senadores consultados por Animal Político han señalado que este es un documento de trabajo que será debatido y puede sufrir modificaciones, e indicaron que con el fin de cumplir el plazo legal de 60 días que marca la constitución, se podría convocar a un periodo extraordinario en mayo.
En dicho periodo extraordinario también se prevé la discusión y aprobación de las otras dos leyes complementarias, de las cuales ya se han presentado iniciativas. Los detalles de la iniciativa de Uso de la Fuerza pueden consultarse en esta nota, y de registro de detenciones en esta nota.
Con independencia del apartado legal, la Guardia Nacional requiere de otros elementos como, por ejemplo, infraestructura. El secretario de la Defensa ha señalado que contará con cuarteles propios en diversas regiones del país, sin embargo, hasta ahora no existen dichas instalaciones por lo que se prevé ocupar temporalmente las que tienen las fuerzas armadas.
La Secretaría de la Defensa Nacional indicó en respuesta a una solicitud de transparencia que fabricó un lote de prueba, con 900 uniformes de Guardia Nacional. Esto es una fracción de los 80 mil que se requieren para este año, según la meta fijada por el propio gobierno. En cuanto a armamento se había anunciado ya que los militares transferidos mantendrán su armamento y utensilios, por lo que se requerirá fabricar solo para los nuevos reclutas.
El secretario Alfonso Durazo ha estimado la inversión para este año en la Guardia Nacional de 15 a 20 mil millones de pesos; hasta ahora no se ha confirmado, por parte de las instancias que manejan el presupuesto, si son recursos aprobados.
¿Y la preparación y evaluación?
El gobierno ha repetido en reiteradas ocasiones que este año prevé contar con más de 80 mil elementos integrados a la Guardia Nacional. De ellos poco más de 40 mil provendrán de las fuerzas armadas, y el resto serán nuevos integrantes.
De lo que no se han dado detalles oficiales es de los programas de capacitación y evaluación que deben cumplir tanto los nuevos reclutas, así como los elementos transferidos de las fuerzas armadas.
En una respuesta oficial a una solicitud de transparencia fechada en marzo pasado, la Sedena dijo a Animal Político que si bien se haría cargo del reclutamiento de los elementos, los requisitos y preparación de los mismos aún se estaban definiendo.
Un documento de la Defensa Nacional al que este medio tuvo acceso evidencia que en diciembre pasado se proporcionó a comandantes de la Policía Militar un manual de Policía de Proximidad elaborado por la Secretaria de Gobernación, con el objeto de que fuera estudiado y difundido entre sus elementos.
Fuentes militares confirmaron además extraoficialmente que en Nuevo León se puso en marcha un programa de capacitación policial a efectivos de la Defensa Nacional.
En tanto, senadores que participaron en el proceso de aprobación de la reforma como Miguel Ángel Mancera y Julen Rementería, han subrayado que la Ley de Guardia Nacional y su posterior reglamento son las normas que deberán establecer con precisión la formación y evaluación que deben cumplir los elementos. Como ya se dijo, se trata de leyes aun aprobadas.
El titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval, ha repetido que los elementos de la Guardia recibirán formación policial y en derechos humanos y que la preparación en el caso de nuevos reclutas tomaría ocho meses, de los cuales cinco corresponden en preparación de seguridad pública (de la cual también carecen los militares).
Durazo había señalado apenas el 27 de marzo, en una conferencia de prensa en Tijuana, que los primeros efectivos de la Guardia Nacional podrían desplegarse en tres meses, sin embargo el gobierno anunció desde el viernes pasado el despliegue de algunos elementos.
Y cuestionado el pasado 11 de abril sobre el control de confianza para los elementos de la Guardia, el secretario de Seguridad dijo que se aplicaría para los elementos de Policía Federal que sean transferidos así como para los nuevos reclutas, pero desestimó que se fuera a aplicar para policías militares y navales transferidos a la nueva fuerza.
Expertos de organizaciones como el colectivo #SeguridadSinGuerra y legisladores de oposición han señalado que la falta de control de confianza en los militares transferidos a la Guardia, así como el hecho de que no pidan licencia en las fuerzas armadas, viola condiciones estipuladas en la reforma constitucional y podría dar paso a acciones legales en contra de estas decisiones ante el Poder Judicial.
