Una Constitución es un pacto político social en el que se establece la forma en la que un estado se organiza en beneficio de la población que lo conforma, es por eso que se erige como el máximo ordenamiento jurídico del mismo, pues en ella se encuentra plasmada la voluntad del Constituyente que a su vez se conforma por los representantes que el propio pueblo eligió para tomar dicha determinación.
En el caso de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Constitución Política es el resultado de una serie de acontecimientos históricos que retoman principalmente los ideales de las diversas etapas de formación nuestro país, incluso antes de su independencia, pues es clara la influencia de la Constitución de Cádiz, así como los principios de la revolución francesa que dan vida al iuspositivismo, precisamente en contra de los excesos del poder constituido, y aunque ha tenido más de 485 cambios, en ella se encuentran plasmados aún las principales demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución Mexicana, que el Congreso Constituyente de 1917 consideró al promulgar nuestra Constitución el 5 de Febrero de ese año.
Nuestra propia Carta Magna señala el principio de división de poderes, consagrado en el artículo 41, el cual establece que el Pueblo ejerce su Soberanía a través de los Poderes de la Unión, a saber: Legislativo, cuya función es crear las leyes conforme a la Constitución; Judicial, cuya función es juzgar e impartir justicia para dirimir los conflictos que se susciten entre los integrantes de la nación y ejecutivo, quien ejerce la función administrativa a través de la aplicación de las leyes que en su caso el Legislativo haya emitido, y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retoma la doctrina de Kelsen al establecer en el artículo 133 el Principio de Supremacía Constitucional, al señalar lo siguiente: “Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”, con lo que se tiene que, en México, la Jerarquía Normativa se establece de la siguiente manera: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ,Tratados Internacionales, Leyes Federales, Leyes Estatales, Bandos, en el caso de los Municipios, Reglamentos y actos administrativos, entre los cuales se encuentran los acuerdos, oficios, circulares, memorándums, entre otros y el único poder que en su caso puede ordenar la inaplicación de una Ley, es el poder Judicial Federal, cuando la misma se emita en contravención a la Constitución Federal.
Además, en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo funcionario público, incluyendo al Presidente de la República, antes de ejercer su mandato, debe prestar la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, debiendo regir su actuar conforme al principio de legalidad, que establece que el Poder Público y sus representantes solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente les faculte.
El Presidente López, se ha caracterizado durante su carrera política, por un terrible desprecio a la legalidad y a las instituciones de nuestra nación, pues podemos recordar cómo se refería a los diferentes presidentes de la República, con frases como “cállate chachalaca”, o como ha mandado “al diablo a las instituciones”, y en el tiempo que lleva de gestión como presidente de la nación, ha realizado diversos actos al margen de la legalidad, entre los que se encuentran adjudicaciones sin licitación, simulaciones, como lo son sus propuestas para la integración de la Comisión Reguladora de Energía, adecuaciones de la Ley para lograr que Paco Taibo II sea el titular del Fondo de Cultura Económica e incluso, su campaña de desprestigio hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que resulta terrible, es la instrucción que da vía memorándum a sus subordinados para que dejen de aplicar la reforma educativa que al día de hoy sigue vigente, argumentando que sobre el derecho debe prevalecer la justicia, lo que nos hace pensar si nuestro presidente es quien ostenta la verdad absoluta de lo que es justo, sacrificando incluso la legalidad de los actos a los que están obligados a ejercer, tanto él, como sus subordinados por ser Servidores Públicos, y que si no lo hacen, pueden ser sujetos de responsabilidad legal, con dichos actos, pareciera que nuestro presidente manda el mensaje de “La República soy yo”, recordándonos la época de la monarquía de Luis XIV, quien manifestaba precisamente “El estado soy yo”
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