La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) liberó más de 200 órdenes para que se investigue igual número de programas y proyectos que presuntamente se harían con recursos del gobierno federal, pero que no se comprobaron en esta delegación mixteca.
“Se entregaron millones de pesos a programas o proyectos a organizaciones sociales, personas morales, ayuntamientos, desde hace un año y hace dos, cuya aplicación no ha sido sustentada y ahora la SHCP verificará dónde está ese dinero o por qué no se ha comprobado”.
Así lo manifestó Javier Jonathan Reyes Herrera, delegado del gobierno federal en la Mixteca, al resaltar que en lo que va de la presente administración, “se han encontrado actos de corrupción tremendos”.
Se trata de programas que se implementaron a través de diversas instancias, que iban desde los 50 mil a los 2 millones de pesos, entre los que se encontraría el programa 3×1 o 4×1 los que incluían a migrantes.
“Hay algunas obras en las que participaba el gobierno federal y los conciudadanos que viven en los Estados Unidos, que aparecen como si ya estuvieran terminadas en fotografía, pero físicamente no están, no existen, y otros proyectos de viveros y muchos más que se apoyaron y que no se han comprobado porque al parecer, no se ejecutaron”, detalló.
Será el gobierno federal a través de los “servidores de la nación” coordinados por sus delegados regionales y estatales, los que tienen que verificar si dichos proyectos están o no a cuyos beneficiarios se les entregará un citatorio para que acudan a la SHCP.
Esto será en los 102 municipios que corresponden a la delegación Mixteca, de las zonas de Silacayoápam, Mariscala, Huajuapan, Nochixtlán, Chazumba, entre otras.
El delegado esperó que esta situación se pueda combatir en beneficio de las y los ciudadanos, y para ello, expuso que el gobierno federal será más estricto con las normas de los programas.
“Como lo ha mencionado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el dinero que tanto se desfalcaba tiene que llegar a las personas que más lo necesitan”, expresó.
Esta semana también comenzará la verificación de los proyectos de lo que anteriormente era el programa “Procampo”, donde se investigará si los beneficiarios, establecidos en un padrón, están trabajando sus tierras y en las hectáreas que dijeron que trabajarían, de lo contrario, habrá consecuencias administrativas y legales.
“Vamos a estar vigilantes de todo, es un mandato presidencial que el dinero llegue a quienes necesitan de estos programas y a nosotros mismos se nos ha dicho como funcionarios, el primero que incurra en actos de corrupción, será despedido de inmediato y enfrentará el proceso legal que corresponda”, señaló.
