Desde que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa canceló la entrega de apoyos en especie y dio cheques de manera directa a los cuatro dirigentes de desplazados de San Juan Copala, varios de los beneficiarios cautelados advirtieron el enriquecimiento de sus líderes y la disminución de apoyos al resto.
Fue así que desde hace un año, al menos 30 personas de 25 familias decidieron alejarse del grupo que encabeza Braulio Hernández y mantenerse en el albergue de la colonia Volcanes, donde se instalaron desde hace seis años.
Las mujeres y hombres de este espacio decidieron levantar la voz ayer, para señalar que ellos formaron un grupo independiente y no reciben los mismos beneficios que el resto de los grupos que encabezan Braulio Hernández, Lorena Merino, Reyna y Jesús Martínez.
Cuando decidieron alejarse del grupo al que pertenecían, se les retiraron varios de los beneficios que aún mantienen los demás. Sin embargo, el Gobierno del Estado aún asume el costo de la renta del inmueble y la entrega de una despensa por familia, que les resulta insuficiente.
Desde que inició esta administración estatal, se ha dado apoyo por más de 13 millones de pesos a los cuatro grupos de desplazados, que de manera mensual reciben 324 mil pesos en apoyo a alimentación, insumos personales, renta de albergues, renta de locales comerciales y servicios diversos.
El grupo independiente que se alejó de los dirigentes no cuenta con espacios para vender sus productos como sí los tienen aquellos que se mantienen en el corredor del Palacio de Gobierno y calles aledañas.
Mientras que los cuatros grupos de desplazados se niegan a permitir la entrada de funcionarios y medios de comunicación a los albergues que les fueron cedidos desde el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo, el grupo independiente permitió a esta casa editorial constatar las condiciones en las que viven en el inmueble ubicado en la colonia Volcanes.
Ahí no solo han improvisado cuartos para las 30 personas, de las cuales 15 cuentan con medidas cautelares, sino constatan las carencias y la falta de intimidad que requieren las mujeres, las niñas y adolescentes. En el lugar, conviven también al menos 10 menores de edad.
En el lugar, se aprecian también las bolsas de despensas que reciben de manera mensual y donde el mayor espacio lo ocupan paquetes de harina de maíz.
Ahí las mujeres aseguran que el Gobierno no les garantiza el derecho a la salud, el empleo y la seguridad social. Tampoco, dicen, les han dado un local comercial o un espacio para vender sus artesanías como otros grupos sí los tienen.
Aseguran que han pasado nueve años desde que salieron de San Juan Copala y ya quieren regresar. ”El gobierno se había comprometido a dar garantías, pero no lo ha hecho”, expuso una de las denunciantes, luego de afirmar que las medidas cautelares que obtuvieron los desplazados triquis, solo ha dado beneficios a funcionarios y dirigentes.
Así también, recordaron que el Gobierno estatal les había prometido un terreno en el municipio de Zaachila para poder vivir y construir sus propios hogares, pero a la fecha solo quedó en promesa.
