Eran las 13:00 horas y miles de reos del Penal Estatal de Puente Grande en Guadalajara esperaban su turno para pasar frente al cocinero que con el cucharón servía a cada uno el menú del día: sopa de lentejas, ceviche de soya, frijoles de la olla, salsa roja y tres tostadas. Pero algo en ese plato no olía bien y hubo quienes prefirieron aguantar el hambre hasta la cena y devorar una porción de frijoles de la olla, pan dulce y café con leche.
Después, como cada noche, los presos se encaminaron hacia sus celdas. No habían llegado a ellas cuando muchos empezaron a sentir dolor de estómago y de cabeza, diarrea, sudores y náuseas. Hacia las 23:00 horas quedó claro que la noche de ese 24 de mayo de 2014 no sería igual a las demás.
Los quejidos y los gritos de auxilio a la enfermería hicieron sonar las alarmas. Los reos pelearon por el único retrete dentro de sus congestionadas celdas. Quienes no lograron abrirse paso entre sus compañeros tuvieron que defecar o devolver el estómago ahí mismo en el suelo.
No se trató de una decena de reos intoxicados; tampoco de 450 como reportó el gobierno a la prensa en los días que siguieron. Según documentos, hasta ahora inéditos, 683 reos, la mayoría jóvenes, cayeron enfermos, 640 con diarrea. La escena era dantesca. La de ese día fue una de las intoxicaciones más numerosas en la historia reciente de las cárceles en América Latina.
Los internos enfermaron de salmonelosis, causada por una bacteria que viaja en las heces de animales y humanos, y que las autoridades encontraron en 81 muestras tomadas a los enfermos, según informó el 28 de mayo el Laboratorio Estatal de Salud Pública. La “probable fuente de infección” fue el ceviche de soya que les sirvieron ese día.
“Estábamos en shock”, recordó José, exmiembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que estaba preso y que recuerda haber visto a muy pocos médicos y enfermeros atendiendo el brote. “¿Qué va a pasar? ¿Cuántos nos vamos a morir?”, la idea le atormentó aquella noche. José, que pidió la reserva de su nombre completo, dijo que la cárcel estuvo a punto del descontrol; los custodios y las autoridades se vieron sobrepasadas.
La crisis se diluyó días más tarde y, para fines oficiales, el contrato por casi 196 millones de pesos (mdp) que tenía La Cosmopolitana siguió en pie y el capítulo quedó cerrado con una sanción de 331 mil pesos y un donativo por 720 mil para remodelar la cocina.
Esta no era la primera crisis relacionada con la comida que protagonizó esta compañía y tampoco fue la última.
De acuerdo con un informe inédito que elaboró la Comisión Nacional de Seguridad, justo la comida y la falta de agua para beber estuvieron entre las principales razones que animaron el motín en Islas Marías, Nayarit, el 2 de febrero de 2013. La revuelta dejó 32 heridos, algunos de ellos por impactos de bala, y causó graves daños a edificios y vehículos, como muestran fotografías en poder de este medio.
Además, una revisión de cientos de páginas de auditorías, informes, amparos de presos y quejas ante Derechos Humanos, además de una serie de estudios hechos entre reos y custodios, reveló que persistieron los problemas con la calidad, la cantidad y la higiene de los alimentos.
En un estudio más reciente, realizado por académicas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 2017, los custodios y empleados de cuatro cárceles federales se quejaron de recibir comida en mal estado; algunos dijeron haber encontrado hilos, larvas, gusanos y cucarachas en sus alimentos. La proveedora, La Cosmopolitana, es una empresa propiedad de la familia Landsmanas y forma parte del Corporativo Kosmos (CK).
Una investigación de más de un año realizada por VICE y Quinto Elemento Lab reveló que esta compañía se ha convertido, sigilosamente, en el monopolio del servicio de comidas para un enorme número de mexicanos cautivos.
Según los 704 contratos a los que tuvo acceso este equipo de investigación, en 2002 este proveedor tenía negocios con el gobierno por al menos 6 millones de pesos (mdp). En 2009, por 343 mdp. Para 2018 tenía contratos por más de 5 mil millones de pesos.
De acuerdo con esta investigación, Corporativo Kosmos tiene tal fuerza que ha logrado contratos por al menos 29 mil 76 millones de pesos entre 2002 y lo que va de 2019 –una tercera parte sin licitación–. Esto, sin contar los que firmó con Pemex y sus subsidiarias, y que la paraestatal se negó a entregar.
Las empresas de Corporativo Kosmos alimentan a los enfermos que duermen en el IMSS, a los niños en guarderías del DIF, a los atletas del alto rendimiento y a trabajadores que pasan semanas en las plataformas marinas de Pemex, damnificados y policías. También dan de comer al personal administrativo, custodios y reos de 14 penales federales, a presos de las 15 cárceles de la Ciudad de México y de prisiones en otros estados; a funcionarios en secretarías de Estado e incluso a quienes fueron a parar a El Torito en una noche de excesos.
El 19 de febrero, en una entrevista con el noticiero Panorama Informativo, de Grupo ACIR, el nuevo director de Centros Penitenciarios Federales, Francisco Garduño, se refirió a La Cosmopolitana, sin llamarla por su nombre. Hay una empresa “que está en todos lados”, dijo, y aseguró que los contratos que tiene con las cárceles federales son “leoninos”.
Al día siguiente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en rueda de prensa que presentará un informe acerca de los monopolios de venta de comida y medicamentos a gobierno, y habló de revisar los contratos.
Diversas fuentes informaron a este medio que Julio Scherer Ibarra, actual consejero jurídico de la Presidencia y persona cercana a López Obrador, fue abogado de La Cosmopolitana y de Productos Serel, otra de las empresas de la familia Landsmanas. Esta información fue confirmada por Ulises Castellanos, asesor en comunicación y medios del abogado.
Castellanos dijo que estas empresas fueron clientes del despacho Scherer y Asociados durante alrededor de cinco años y que la relación de trabajo finalizó en octubre de 2018. “Llevaba asuntos de muchos empresarios y políticos”.
El abogado que jugó del lado de este gran corporativo ahora es parte de un gobierno que, a decir del encargado de prisiones, no está del todo satisfecho con los contratos (que por cierto vencen en agosto).
De acuerdo con la información recabada por VICE y Quinto Elemento Lab, el mayor cliente de CK en el gobierno son las cárceles federales. Entre 2012 y 2016 el gobierno le asignó dos contratos de cuatro años cada uno por un total de 12 mil 223 mdp. A partir de entonces, La Cosmopolitana ya no se dedica solamente a servir los alimentos, sino que fue contratada para prestar 12 servicios más, como la lavandería, jardinería, pintura y mantenimiento, entre otros.
El segundo cliente más importante de los Landsmanas es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que los ha contratado cada año sin falta desde 2003 para su red de hospitales. En tercer lugar está el gobierno de la Ciudad de México para sus cárceles, bomberos, el Metro y el DIF.
Los directivos de Corporativo Kosmos declinaron a insistentes solicitudes de entrevista en las seis semanas previas a esta publicación. “El grupo tiene firmados distintos contratos con cláusulas de confidencialidad, lo que nos impide contestar a las preguntas que nos hace”, respondieron al cierre de esta edición.
