La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto mal uso de los recursos destinado a atender a afectados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017.
En la auditoría de cumplimiento financiero presentada este miércoles, se encontraron facturas con comprobantes fiscales que aparecen cancelados en el portal del SAT, y cuyos pagos serían por lo tanto inviables; además de deficiencias en los medios financieros para dispersar los recursos y servicios cuya ejecución no se pudo comprobar.
Las instituciones involucradas en estos señalamientos son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, (Bansefi) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
Los probables desvíos de recursos se detectaron en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017.
La Sedatu, Bansefi y CONAVI se coordinaron para atender a la población afectada y realizar la reconstrucción de los daños por los sismos ocurridos en septiembre de 2017. Entre las acciones que implementaron destacan: elaborar el censo de beneficiarios, la evaluación de daños, retiro, remoción y limpieza de escombros, asesorías técnicas y verificación de acciones de reconstrucción, así como dispersión de recursos a beneficiarios.
La Sedatu fue la encargada de instrumentar las acciones de limpieza de las viviendas en condiciones de ser habitadas.
Para verificar si éstas se realizaron, la ASF revisó 11 contratos de obra pública por 330 millones 064 mil pesos, adjudicados de forma directa a 10 proveedores de servicios. De los 11, uno corresponde a servicios prestados en Chiapas, por un monto de 130 millones 031 mil pesos, y los 10 restantes a Oaxaca.
La ASF analizó y verificó 11 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), emitidos por los proveedores por el concepto de retiro de escombro y lodos de viviendas, en los que el importe total suma 323 millones 580 mil pesos.
La diferencia de 6 millones 484 mil pesos permanece en las cuentas bancarias del FONDEN.
Sin embargo, la ASF detectó que la Sedatu registró como pagado un CFDI por 14 millones 491 mil 663 pesos, que en realidad aparece como cancelado en el portal del SAT, por lo que se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por ese monto.
Omisiones y errores en la dispersión de recursos
La ASF identificó deficiencias en los apoyos a damnificados dispersados por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi), entre éstas destacan: faltas en la integración de los comprobantes para verificar la prestación del servicio financiero a los beneficiarios y la falta de una norma que regulara la entrega de apoyos por parte de instituciones bancarias en caso de desastres naturales.
También se documentaron deficiencias en 25% de los 16 procesos evaluados de la relación costo-oportunidad de la entrega de tarjetas, así como de la producción y elaboración de medios masivos de pago y falta de información en 31.5% de los 16 procesos revisados relacionados con la integración de expedientes bancarios.
En ellos se encontraron inconsistencias como más de un identificador de una cuenta o de una tarjeta a la que tuvieron derecho los damnificados, conforme a la clasificación de su vivienda por tipo de daño.
Se encontró, además, que se presentaron 500 solicitudes de aclaración al Bansefi por cargos no reconocidos, asociados principalmente a las tarjetas de banda magnética, y se identificaron depósitos a tarjetas canceladas.
Después de analizar el Manual General de Organización del Bansefi, la ASF determinó que la Subdirección de Diseño y Desarrollo de Productos y Programas, y la Gerencia de Diseño y Optimización no actualizaron ni sometieron a autorización la normativa para regular la distribución, resguardo, y custodia de las tarjetas del Programa FONDEN, ni tampoco para detectar y bloquear transacciones de tipo fraudulento; ni para establecer procedimientos seguros de control de acceso a los archivos que contienen información sensible de los usuarios.
Además, se identificó que la subdirección de Riesgo Operacional no desarrolló la evaluación integral previo al lanzamiento de nuevos productos y servicios, para garantizar que se implementaran con un ambiente operativo y normativo adecuado.
Por lo que la Auditoría Superior de la Federación emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en Bansefi o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las probables irregularidades cometidas por los servidores públicos.
Respecto al análisis de las acciones de atención prioritaria para proporcionar asistencia técnica, la ASF encontró que la CONAVI no comprobó que los damnificados recibieron los entregables señalados en el Anexo 1 “Carta Compromiso” en 11 de los 12 contratos suscritos con proveedores de servicios de asistencia técnica, a los que se les hicieron pagos por 21 millones 70 mil pesos en 2017.
Tampoco acreditó el monto por recuperar por un millón 305 mil 300 pesos, y tampoco realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos por 37 millones 153 mil pesos, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio 2017.
Por lo que la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Vivienda o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos.
