El mercado de la gasolina en México, el más grande y codiciado de América Latina, cuenta con casi 12 mil expendios a lo largo del país, muchos de los cuales son concesiones otorgadas durante años de manera discrecional por el gobierno federal a organizaciones afines, transportistas, políticos y amigos.
Esa costumbre del sistema político nació con el PRI, pero los gobiernos panistas también la toleraron. Hoy, las multimillonarias ganancias de este negocio benefician también al crimen organizado, sostiene la doctora Miriam Grunstein, especialista en materia energética.
Según las cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en 2018 la demanda nacional fue de 790 mil barriles diarios, de los cuales 525 mil fueron importados. Sin embargo, con 11 mil 774 gasolinerías para 43 millones de vehículos en circulación, México cuenta sólo con la mitad de los expendios de Brasil o una cuarta parte de los que tiene Estados Unidos.
A partir de la reforma energética de 2013 y tras la liberación del mercado de combustibles el negocio de las concesiones de gasolinerías tuvo un boom. A finales de 2016 la CRE recibió una buena cantidad de solicitudes de licencias y autorizó entre 10 y 15 cada mes. Ese año había 10 mil 500 expendios; ahora son 11 mil 774.
“Tenemos una larga historia de sociedad política y económica entre los beneficiarios de las franquicias de las gasolinas que son más bien estaciones de suministro con servicio de Pemex y los grupos políticos. La alianza es muy vieja y han tenido un impacto en la política del suministro del combustible. De hecho, durante muchos años el subsidio a la gasolina era un apoyo falso a la población porque el apoyo en realidad era a los gasolineros”, señala Grunstein.
Antigua consultora legal de varias empresas, como Terranova Energía, Enersa y consejera personal en la CRE, Grunstein sostiene: “La gasolina está tristemente politizada, porque ha llevado beneficio a los grandes grupos y no a la población”.
La también catedrática de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, comenta a Proceso que ese favoritismo político se expandió durante los gobiernos del PRI, aunque con el panista Felipe Calderón ese modus operandi benefició también a la familia de Juan Camilo Mouriño –secretario de Gobernación en ese sexenio–, dueña del Grupo Energético del Sureste que tiene 40 gasolinerías.
Grunstein tiene una sólida carrera. Es socia de la firma internacional Thompson & Knight Abogados y se especializó en el estudio de cuestiones normativas y regulativas del sector energético, específicamente en el ámbito de Contratación Petrolera y Proyectos de Infraestructura.
Precisa que el gran negocio de las gasolinerías ni siquiera beneficia a las empresas, sino a los grupos rentistas; es decir, a quienes compran una franquicia de venta de gasolina de Pemex sin dar mejores precios y servicios.
“Cuando se hace un buen negocio, proveyéndolo de calidad, de precios y de satisfacciones a los intereses del usuario –relata–, no es mala idea. Pero, cuando es un negocio que afecta los intereses económicos y el bienestar de una población muy amplia, me parece que es una grosería. Creo que eso ha sucedido en México ampliamente.”
Ganancias oscuras
A partir de la reforma energética de 2013 impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y con la liberación del mercado de la importación de la gasolina en 2016, el otorgamiento de los permisos se concentró en la CRE, que redujo los trámites que antes eran tan complicados que para conseguir una licencia se tenía que recurrir al director de Pemex o al presidente de la República, quien las otorgaba de manera directa, saltándose todos los trámites.
En los últimos cuatro años Pemex pasó de 100% en el control total de las estaciones de gasolina a 82.5%. Hoy son 30 las marcas extranjeras y nacionales las que operan 2 mil 178 expendios.
De acuerdo con la CRE, el proveedor de gasolina más grande sigue siendo Pemex, con 9 mil 596 expendios, le siguen Oxxogas (395); Grupo Gasored (250); Petro-7 (214); Hidrosina (198); Orsan (140); Redco (130); Grupoeco (124); Gasmart (114) y Lodem/Lagas (90).
Una franquicia de Pemex viene costando más de 400 mil pesos y al mes se paga 1% de las ganancias. Una vez obtenida la aprobación de la CRE, lleva entre cinco y ocho meses la construcción de la expendedora de combustible y, según los recursos que tenga el interesado, se necesita una inversión de entre 500 mil y 1 millón de pesos.
Para que una gasolinería sea rentable, lo ideal es que se venda alrededor de 500 mil litros al mes. El dueño de un expendio tendría ventas de 10 millones de pesos al mes y 120 millones al año.
En México los dueños de la franquicia Pemex ganan 6.5% por cada litro de combustible vendido, más del doble que países como Estados Unidos, según estimaciones hechas por la firma especializada PA Energy Consulting.
La reportera Ana Lilia Pérez, autora de los libros Camisas azules, manos negras; El saqueo de Pemex desde Los Pinos; El cártel negro: cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, y Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, sostiene que las ganancias siguen siendo un misterio; de manera similar se expresa Grunstein. Ambas sostienen que es prácticamente imposible tener la cifra precisa de las ganancias por el manejo oscuro por parte de Pemex y los gasolineros.
“Pemex es un enorme falseador de números y también los gasolineros”, sentencia Grunstein.
El huachicol
Grunstein no sólo es experta en materia energética. Estudió la licenciatura en derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en letras y lenguas española y portuguesa en la Universidad de Nueva York.
Es autora de La caverna al mercado, libro de cabecera para muchos de los que intervinieron en la elaboración y discusión de la reforma energética. Gracias a él, funcionarios no especializados pudieron comprender la trascendencia de la industria petrolera. Hace seis años comenzó a escribir su segundo libro, cuyo título tentativo es Petróleo, papel y tijera.
Grunstein advierte que la Reforma Energética de Peña Nieto no logró tener el impacto que se pretendía en el mercado de la venta de combustible porque no se consiguió quitar el dominio de Pemex como principal suministrador.
Si bien la idea no era mala, dice, hubo resistencia dentro de Pemex; “se dio esa contradicción de querer abrir el mercado, pero sin echarse encima a Pemex”, y eso paralizó esa idea.
–¿Cómo enfrentar la politización en la venta de gasolina?
–Al tener tanto control del Estado, en lugar de proteger a la población –como debería suceder–, se crearon muchos mecanismos de evasión regulatorios. Incluso se dice que había mucha participación de empresas extranjeras que actuaban a través de prestanombres porque la Ley de Inversión Extranjera no permitía la participación de firmas de otros países en las gasolinerías. Eso –vender nombres– era también un negocio.
“Si se tiene mucha regulación, se crean negocios paralelos como los prestanombres, donde participaban empresarios y políticos. En los países donde no tienen tantas reglas no se necesita pagar por un nombre para tener un permiso.”
–¿Es imposible resolver este problema?
–No. Lo que se necesita es crear condiciones de seguridad para la inversión. Pero eso lo veo complicado porque en la medida en que un presidente puede cerrar los ductos, no le van a entrar al negocio.
En cuanto al huachicoleo, Grunstein señala que muchas de las expendedoras de combustible se beneficiaron del robo de gasolina porque se aprovecharon de la práctica de evasión regulatoria y reportaban menores volúmenes vendidos a
Pemex.
“Así –dice– podían justificar y ocultar que vendían mayores volúmenes, pero de combustible robado. Pemex se hacía de la vista gorda porque (algunos de sus directivos) estaban metidos en el negocio.”
Como Nigeria
En sus investigaciones sobre el ámbito energético, Grunstein ha detectado, dice, la connivencia de altos funcionarios de Pemex en este negocio ilegal. Incluso pone como ejemplo el robo de gas condensado por Los Zetas y el Cártel del Golfo entre 2010 y 2016 en la Cuenca de Burgos, que comprende parte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el cual vendían a compañías estadunidenses.
“Creo que los altos funcionarios le entraban con cierto gusto por las multimillonarias ganancias. Sin embargo, los de menor nivel estaban obligados, pues para ellos era plata o plomo.”
–¿Aquí ya vemos entrar al crimen organizado en el robo de gasolina?
–Sí. Le han entrado también duro Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Para ellos es una rama más del negocio, pues a diferencia de la trata de personas, no tienes el problema de darles albergue ni alimentarlas. Sólo tienes que mover tanques de gasolina. Y eso lo pueden hacer sin ninguna moralidad; además, a los compradores de bajos recursos eso les encanta.
Advierte que es muy complicado establecer una estrategia desde el gobierno para enfrentar el tráfico de influencias en el otorgamiento de las licencias de venta de combustible y combatir el robo de gasolina:
“Es muy complicado porque tendrías que desarticular el sistema, que es muy flexible; es decir, cuando cortas una cabeza pueden salir 10; y si reprimes a unos usuarios van a surgir más, si sancionas a unos cuantos compradores de gasolina robada pueden aparecer cientos. Eso se repite hasta el infinito.”
Lamentablemente, agrega, desarticular un sistema así es muy complicado y el daño social es gigante “porque no sólo le causan un daño patrimonial a Pemex, sino también representa un riesgo a la salud y la seguridad de las personas”.
Para Grunstein, esta situación de robo de combustible y de corrupción en Pemex pone a México en el mismo nivel que Nigeria: “Eso es penosísimo. Es una expresión del Estado fallido porque los niveles del estado de derecho son ínfimos. Duele que México pueda estar a esos niveles con funcionarios que se dan ínfulas de clase mundial”.
Por lo que atañe a las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustible, que en buena parte se centró en las distribuidoras de gasolina, recomienda diseñar un plan a largo plazo y con una estrategia muy fina para que en unos tres años comience a bajar el problema.
Para lograrlo, advierte, el gobierno federal tendría que invertir una buena cantidad de recursos para la compra de tecnología: fibra óptica en los ductos, grupos especiales de seguimiento del movimiento del combustible e inteligencia financiera.
Una acción, por ejemplo, sería levantar la moral del mercado para que los particulares le ayuden a invertir, “porque el Estado, con todos los programas sociales que quiere lanzar, no se va a dar abasto”.
Tampoco se puede mantener al Ejército vigilando los ductos día y noche, ya que tiene otras encomiendas que realizar y no puede reducirse sólo a una unidad especializada en el robo de combustible.
–¿Es tan grande este negocio ilegal que cualquier ejército es insuficiente para combatirlo?
–Sí. Además debemos tomar en cuenta que no todo el Ejército es bueno, ahí puede haber elementos terriblemente corrompidos.
Recuerda que, con sus acciones, Calderón sólo aumentó la fragmentación de los grupos delictivos. Eso, insiste, “fue como la metástasis de un cáncer que, al atacarlo, se expandió al resto de las células”.
–El panorama es muy complicado…
–Es muy preocupante. Está de por medio la seguridad energética del país porque (el problema de la distribución de) gasolina no sólo es por el transporte; tiene impactos macroeconómicos incalculables, entre ellos la inflación, la quiebra de la industria agrícola, así como mermas en la calificación económica al bajar el nivel de competitividad del país.
Retomando el tema del otorgamiento de las franquicias para la venta de combustibles que el pasado 7 de enero la CRE canceló para 103 permisos, por la supuesta venta de combustible robado en Puebla, Guanajuato y el Estado de México, Grunstein recuerda que es una práctica que se inició hace muchos años.
Y remata: “La gasolina ha sido utilizada como una moneda de cambio de favoritismo político desde el inicio de la industria porque mueve mucho, literal y metafóricamente”.
