Las medidas de austeridad establecidas en la Ley de Administración Pública Federal aplicadas en la Cámara de Senadores adelgazó la nómina y terminó con 1,949 personas despedidas entre septiembre y diciembre de 2018, de los cuáles solo 220 (el 11 %) fueron mandos, de acuerdo con información del Legislativo.
Del total, 1,122 estaban contratados por honorarios legislativos; 375 por honorarios en comisiones; 163 en honorarios administrativos; 55 en servicios técnicos y 220 en mandos; mientras que operativos de confianza fueron 14, según información elaborada por el área de Servicios Administrativos del Senado entregada a Animal Político.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido permanentemente en que la austeridad en la administración pública está en la eliminación de privilegios en los mandos altos. Sin embargo, el impacto también está en funcionarios de otros niveles.
Empleados del Senado que pidieron anonimato por temor a represalias, acusan que las medidas de austeridad aprobadas en el Senado no está afectando solo a mandos altos, sino también medios y bajos que ya tuvieron hasta 20 % de disminución en sus percepciones y prestaciones. Mientras que el impacto para los cargos altos y senadores se traduce apenas en la eliminación de privilegios como pago de telefonía o chofer y sus sueldos eran tan altos que la austeridad no les afecta en realidad.
La información oficial confirma que la eliminación de prestaciones como seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, complemento de aguinaldo de 40 días y estímulo por evaluación de desempeño al personal de mando representó un ahorro de 241.9 millones de pesos entre septiembre a diciembre de 2018.
Sin embargo, en la administración pública no solo incluye a mandos altos, sino también medios, varios de ellos con muchos años laborando en el Senado y sometidos a evaluaciones permanentes a través del Servicio Civil de Carrera.
Se trata del personal que prácticamente mantiene la labor legislativa en el Senado y que ha permanecido pese a los cambios de legislaturas entre los partidos políticos y cuyas remuneraciones estaban acorde a la demanda de trabajo y nivel de responsabilidades, pero nunca tuvieron privilegios.
Los mandos altos, en cambio, gozaban de vales de gasolina, pago del servicio de celular e incluso hasta chofer o automóvil. Además, el seguro de gastos médicos mayores también era para sus familiares. Por lo tanto, la eliminación de esas prestaciones no significa una reducción real en sus ingresos, acusan los funcionarios entrevistados.
En cambio, los empleados de mandos medios ya tuvieron una disminución de entre 10 y 20% de sus percepciones, incluso sin tener ningún aviso de por medio. Desde septiembre comenzaron a ver los cambios en los recibos de ingresos, pero nadie les ha informado al respecto ni siquiera a través de algún oficio.
El aguinaldo también bajó de 80 a 40 días, tampoco tendrán el bono semestral por desempeño, al que podían acceder por el resultado de sus evaluaciones en el Servicio Civil de Carrera y cuyo máximo a lo que podían aspirar era lo comparable a un mes de salario. Esto no era un privilegio, dicen, sino un incentivo que se podía conseguir solamente con un buen trabajo.
Los mandos medios tenían seguro de gastos médicos pagados a la mitad por la Federación y la otra mitad por ellos, lo mismo que el seguro de separación individualizado. Efectivamente, dicen, eran buenas prestaciones, pero que compensaban las jornadas de trabajo hasta las madrugadas o la falta de contrato por una plaza de base.
En esta situación están aproximadamente entre 300 y 500 empleados del Senado y, a diferencia de otros cambios en la Legislatura y en la Presidencia, ésta es la primera vez que tienen este nivel de incertidumbre y, sobre todo, afectaciones salariales.
La senadora del PAN Xóchitl Gálvez alertó que las prestaciones estaban disminuyendo justamente para trabajadores y no jefes, por lo que había solicitado que el Senado acudiera a expertos para que realizaran “un estudio técnico hecho por una universidad, con un sustento y no solo lo que le lata al Presidente o al Senado. Tiene que establecer los salarios en función de responsabilidades, pero se ha hecho a raja tabla”. Sin embargo, no ha habido ningún estudio hasta el momento.
Incluso, durante la comparecencia de la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en el Senado, Gálvez insistió en el tema, pero no lo abordaron al asegurar que era un tema distinto. El presidente del Senado, Martí Batres, dijo que no era cierto que se estuviera afectando a los empleados de rangos medios o bajos, pues sólo se habían acabado “los privilegios”.
A los recortes se suma, dice un empleado, que debido al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador “nos identifican como la mafia del poder” y no es así, pues son empleados de la administración pública que trabajan como el resto. “No somos funcionarios desleales sino mexicanos de carne y hueso”.
“Lo más lamentable es que un gobierno que dice defender a la sociedad trate de manera tan despiadada a quienes durante años han trabajado en esa institución”, dice un empleado con casi 20 años de antigüedad en el Senado.
Por eso muchos buenos elementos están abandonando la administración pública porque no pueden sostener todos los gastos como hipoteca, colegiaturas o absorber los pagos de enfermedades de familiares con la reducción de sus ingresos. Solo de su área han renunciado ya 25 personas en los últimos tres meses, dice uno de los entrevistados.
Otros funcionarios operativos (de rango menor) se enteraron que fueron despedidos simplemente porque en noviembre, su tarjeta de acceso dejó de funcionar, pero no hubo aviso previo.
En septiembre pasado, el Congreso aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece que ningún servidor público debe ganar más que el presidente y limita las prestaciones para el resto de servidores públicos, lo que forma parte de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las medidas de austeridad en la administración pública.
Sin embargo, desde el pasado 7 de diciembre, tras una acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la ley, la máxima sala ordenó suspender la aplicación de la misma.
Esto significa que para fijar los salarios de los servidores públicos no debería ser con base a la nueva ley, porque si se aplica podría haber afectaciones “irreparables” aseguró el ministro Alberto Pérez Dayán en sus argumentos.
