Segunda parte
Se llama perjurio al delito de quebrantar una fe (o una ley) jurada. En eso han incurrido los políticos y estadistas mexicanos: juran cumplir y hacer cumplir todas nuestras leyes sólo para buscar violarlas y cambiarlas al día siguiente; para generar otro cuerpo de ordenamientos a modo. Es un síndrome nacional.
“Queda prohibida toda discriminación motivada por…las opiniones…o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” (Artículo 1º de nuestra Constitución).
“Conservadores, mezquinos, neofascistas, canallas, neoliberales, tecnócratas, neoporfiristas”, fifís, señoritingos, son algunos de los calificativos que se han aplicado a quienes opinan diferente. Son palabras usadas por el presidente de México. Es inconsecuente con el Artículo citado y con el Capítulo I de la Carta Magna: de las garantías individuales.
Somos una nación igualitaria, demócrata, republicano, laica, federal. Eso dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 40. Pero la Cuarta Transformación se ha iniciado con ceremonias y rituales religiosos, con invocaciones a deidades prehispánicas, espíritus y a la madre tierra: eso no es laico. Se decide por consultas ridículas y nada representativas y se desconocen triunfos electorales legítimos: eso no es democrático. Se insulta a los que difieren de opinión: eso no es igualitario. Se decide ahora todo en Palacio Nacional y se inventan “súperdelegados” por encima de la soberanía de estados y municipios: eso no corresponde a una república federal.
El presidente de la República y la mayoría “morenista” del Congreso de Puebla, desconocieron el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, después de una larga, tortuosa y ruin irrupción de Morena, definió a Martha Érika Alonso como gobernadora legítima de Puebla. El proceso electoral y la disputa legal se ajustaron puntualmente a las leyes dimanadas de la Constitución que juraron cumplir. El fallo del Tribunal es absolutamente constitucional. Martha Érika ha muerto trágicamente. Algunos han quedado satisfechos.
Estamos viviendo violaciones constitucionales por actos y por normas, como lo define la teoría. Es previsible que se vayan violando paulatinamente los derechos humanos y las garantías individuales. Es razonable, legítimo y comprensible que se invoque el rescate a quienes están en pobreza. Pero es contrario a todo espíritu de justicia tratar de mantener el número de pobres y aún incrementar éstos porque representan la base que garantiza votos y simpatía hacia el régimen, sin que se garantice que salgan de pobreza.
Al jurar la Constitución y sus leyes, los estadistas se adhieren—aunque no se den cuenta—a acuerdos, convenciones y tratados internacionales, todos vinculatorios (como ahora se dice), es decir: es obligatorio cumplirlos. Hay tribunales, leyes e instituciones supranacionales que nos observan, nos vigilan y tienen la facultad de someternos a revisión y juicio. Por ello, quienes hoy gobiernan por vía directa, indirecta o simulada, deben tomar en cuenta que no somos una economía cerrada a la cual no se puede destruir sin que se desconecte México de la globalización, de la cual inexorablemente somos parte. Remar en contra significaría caer los modelos venezolano, cubano o nicaragüense, que sólo han empobrecido a sus naciones y han coartado las libertades públicas.
México, en situación geográfica dual, pertenece al norte del continente, pero pertenece al resto del América. México pertenece a la interacción de los mercados mundiales. Nos hemos rozado con el Primer Mundo gracias a la pujante industria que se ha permitido establecer y, a contrario de muchos, del TLCAN, hoy modificado.
Aislarse del mundo, agraviar a “adversarios”, cerrar mercados, destruir obras necesarias, crear “elefantes (o trenes) blancos” y tratar de conducir a México con ocurrencias cotidianas, es abjurar de lo que se sacralizó al inicio.
