Recuerdo que, cuando estudiaba la maestría en Derecho Constitucional, tuve la oportunidad de ser alumno del doctor Jorge Márquez Muñoz, quien nos explicó la forma en la que la envidia ha sido un elemento clave en las grandes transformaciones políticas y sociales en diversas épocas, desde el medioevo hasta la modernidad , y como puede ser utilizada inclusive para acceder al poder público o adecuar las instituciones del estado a la ideología de quien lo ostenta, la buena noticia es que, el estado moderno es el resultado de la evolución de la civilización constante que surge tras varias etapas de crisis.
Si leemos el capítulo primero del título segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontraremos la forma en la que se encuentra organizado nuestro país, en el que se reconoce que el poder soberano, sobre el cual no existe ningún otro poder y que es creado por sí mismo, radica en el pueblo, es decir, en todos y cada uno de nosotros los mexicanos, pero, como resulta imposible materialmente que lo ejerzamos de manera directa, nos constituimos como una República representativa, es decir, trasladamos esa facultad de ejercicio a un grupo de personas que nos representará en el ejercicio de la función pública, y la mayoría son electos de manera democrática.
Esa soberanía se ejerce por medio de los Poderes de la Unión, principio que se retoma de “El espíritu de las leyes” de Montesquieu, y que es creado para mantener un equilibrio que evite los excesos del poder constituido, pues dentro de sus características se encuentra la coercitividad, es decir, la facultad de hacer valer sus determinaciones aún en contra de la voluntad del particular.
En los Estados Unidos Mexicanos, estos poderes son: el legislativo, que se deposita en un Congreso General dividido en dos cámaras: la de Diputados que representan al pueblo, y la de Senadores que representa a las entidades federativas que conforman el pacto federal, cuya función principal es hacer leyes que serán de aplicación obligatoria en nuestra nación; el ejecutivo, cuyo ejercicio se deposita en un solo individuo denominado “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos” y lo ostenta Andrés Manuel López Obrador, cuya función principal es la representación política de la nación y el ejercicio de la función administrativa federal; y el judicial, cuyo ejercicio se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito, siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se conforma de 11 Ministros, es decir, es un cuerpo colegiado, cuya función principal es impartir justicia y constituirse como el garante del pacto político social consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para que la división de poderes sea plena, resulta indispensable que se salvaguarde el principio de legalidad, y se garantice la autonomía administrativa ente sí, pues la principal forma de ejercer presión sobre un órgano, es someterlo a través de su patrimonio o capacidad financiera, y es una realidad que Andrés Manuel López Obrador ejerce oficialmente el poder ejecutivo, pues es nuestro Presidente y es el líder moral del legislativo, pues derivado de los resultados de las elecciones, muchos Diputados y Senadores lograron acceder al poder por la inercia del partido Morena, tan es así que en algunos recintos legislativos corearon al momento de tomar protesta “Es un honor estar con Obrador” e incluso le cantaron las mañanitas en su cumpleaños, es más, el Senado avala la reforma para que Paco Ignacio Taibo II sea el titular del Fondo de Cultura Económica, no obstante de no ser Mexicano por nacimiento, con lo que se demuestra la intervención directa que tiene el Ejecutivo sobre el Legislativo, siendo el poder judicial el único poder que pueda ser un contrapeso real de algún acto autoritario, pues ejerce el control concentrado de constitucionalidad, es decir, puede incluso tener funciones del legislativo de facto cuando una ley contravenga o contenga preceptos contrarios o inexistentes en la Constitución Política Federal, declarando su anticonstitucionalidad o inconstitucionalidad, volviéndose así, inaplicable, razón por la cual, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos rompe el equilibrio existente entre los poderes y busca el sometimiento del Poder Judicial ante el Ejecutivo, por lo que se trata, más que un acto de austeridad, un mensaje de ejercicio de poder pleno y autoritario.
Andrés Manuel López Obrador ha manifestado y ha actuado bajo la primicia de reducir la brecha tan extensa que existe entre ricos y pobres, y si lo logra, será un acto de justicia social, que es necesaria en México, pero ya no estamos en la época de Maquiavelo para pensar que el fin justifica los medios, pues todo acto injusto, aunque sea por una causa justa lleva implícita una maldición, y resulta irresponsable que el representante político de nuestra nación, que debe gobernar para todos, utilice la polarización de grupos para legitimar sus actos, al referirse a un sector de sus gobernados como los “fifís”, o a declarar que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pertenecen al “viejo régimen”, más cuando él ha reciclado infinidad de políticos de antiguas administraciones, y la historia nos ha demostrado que fomentar la envidia, como el sentimiento de enojo por que otra persona tenga lo que el envidioso desearía tener para sí, ha generado terribles crisis que solo producen miseria; los integrantes del Poder Judicial Federal deben prepararse constantemente para ingresar y permanecer en sus centros de labores, lo cual por supuesto que debe ser bien remunerado, pues la carga de trabajo y el nivel de responsabilidad es muchísimo, y eso no es un acto de corrupción, pues reciben una justa retribución por sus funciones, corrupción sería obtener un recurso extraordinario por resolver de forma distinta a lo que en derecho proceda u omitir hacer sus funciones, y como sociedad nunca nos había molestado, hasta que Andrés Manuel López Obrador lo comenzó a mencionar para generar encono social, y el problema es que la inercia se vuelve en algún momento incontrolable, pues ahora, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública, propone que la Iniciativa Privada reduzca los salarios para que queden al nivel del Poder Ejecutivo, medidas que fomentan la mediocridad y la corrupción, espero que nuestro resentimiento y envidia no sean tan grandes como para permitir debilitar una de las mayores instituciones que garantiza la República Mexicana.
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