Comunidades mayas representadas en el Consejo Regional Indígena advirtieron que los primeros que deben ser consultados y a quienes deben pedir permiso para la construcción del Tren Maya son a las 82 comunidades indígenas que van a ser afectadas por el megaproyecto, condición que aún no se da.
En referencia al Ritual de los Pueblos Originarios para pedir a la Madre Tierra su aprobación para la construcción del Tren Maya, que encabezó este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque, Chiapas, y que se realizó de manera simultánea en Edzná y Becán, Campeche; Chichén Itzá, Yucatán; Tenosique, Tabasco, y Tulum, Quintana Roo, lamentaron que se utilicen los rituales indígenas como un “show folklórico” y turístico a partir de un concepto de desarrollo que va en contra de los principios de las comunidades.
“Nosotros lo que decimos es que en la encuesta de opinión nacional que hicieron y en donde dicen que el 80 y tantos por ciento están de acuerdo con el proyecto, los verdaderos afectados no fueron consultados ni están presentes. Y este tipo de ceremonias no cumple con la mística real de nuestros pueblos y sólo se presta a un show de tipo turístico y no a un verdadero proceso místico. Para eso se requieren muchas cosas, no únicamente que uno se vista, se ponga el incienso o se entregue el bastón de mando, que tampoco se da a cualquiera”, advirtió Romel González Díaz, vocero del Consejo.
“Se está construyendo una película no real únicamente para decir que ya estamos de acuerdo con el proyecto y no es cierto. Se trata de crear una imagen de que el pueblo maya está de acuerdo con este proceso y no es así”, precisó.
González Díaz especificó que el problema central radica en la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en decir que la construcción del Tren Maya ya inició, y que organice “encuestas de opinión nacionales” y ceremonias rituales para dar el banderazo de salida, cuando las comunidades indígenas afectadas aún no cuentan con información ni una explicación real de cómo va se va a dar el proyecto porque no hay estudios ambientales ni de ningún tipo.
En entrevista, explicó que en la única reunión que los integrantes del Consejo han sostenido con el titular del Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), Rogelio Jiménez Pons, y en otras dos con su equipo, no se pudo avanzar en ese sentido. Estas tres reuniones son las únicas en las que han participado y a petición expresa del Consejo.
“La información que nos dieron es parcial, limitada y controvertida, no científica, y sin fundamento de estudio de impacto. Aunque dicen que nos están escuchando, un poco se molestaron por las críticas que hicimos a su proceso.
“Por ejemplo, respecto a la estación que aún no saben si van a poner en Xpujil, Plan de San Luis o Conhuas, les cuestionamos de dónde van a traer agua si es el primer problema de Calakmul y la red que se extrae de tres pozos de la comunidad de Centenario, cercana a la Laguna de Silvituk, en condiciones óptimas sólo tiene capacidad para 10 mil personas. Cómo le van a hacer si quieren construir ciudades y además sostener la carga de turismo de 8 mil personas. Y la respuesta fue totalmente limitada e insuficiente, diciendo que va a haber estudios especializados sobre eso. Eso marca una ausencia de información terrible. Yo no puedo hacer una propuesta de proyecto si no sé siquiera de dónde voy a traer agua”, manifestó.
Lo mismo sucede con las afirmaciones del presidente respecto a que “no van a tumbar un solo árbol”, cuando sólo del tramo de Carillo Puerto a Bacalar y de Bacalar a Xpujil existen extensas áreas de bosque que tendrían que desaparecer, igual que en Halachó, Yucatán, abundó.
“Hay tramos que están en línea recta con la zona arqueológica de Xpujil, la de Becán, la de Chicanná, la de Balamkú y al otro extremo está la de Calakmul. Para poder cruzar ahí vas a tocar la zona núcleo de la reserva de la biósfera y lo que está diciendo López Obrador no tiene congruencia. Debería informarse mejor y que su equipo no le mienta de los impactos que va a tener el proyecto”, consideró.
En opinión del Consejo, “lo que está mal” con la administración de López Obrador es que al no proporcionar información o “inventar cosas” se minimiza y discrimina el pensamiento de las comunidades como indígenas y su concepto de desarrollo.
“Algo que nos queda claro, y que se lo hicimos ver a Rogelio Jiménez Pons y su equipo, es que el concepto que nos traen del supuesto desarrollo no es el de nosotros. Siguen pensando en la lógica de que ellos nos vienen a traer el desarrollo y la civilización, conceptos que violentan la libre determinación de los pueblos, porque es el proyecto de un arquitecto y de un grupo de personas que no conocen la región. Nosotros como comunidades indígenas tenemos la capacidad de tomar decisiones como sujetos de derecho colectivo, donde se nos reconoce de tú a tú y se puede determinar la forma de desarrollo que queremos”.
Para los integrantes del Consejo lo más grave es que a la reuniones de Jiménez Pons y su equipo invitan a “poquitas comunidades” y no a las que se requiere por la magnitud del proyecto, en la lógica de que el derecho de vía y la infraestructura ya existente no hace necesario consultar a las comunidades ni realizar estudios de impacto ambiental. “El que exista un derecho de vía no implica que no vaya a ver afectación ambiental y social adicional y que por lo tanto no se deba consultar”.
En el Consejo Regional Indígena están representadas 34 comunidades de Calakmul, cuatro comunidades del municipio de Candelaria y cuatro comunidades de la Península de Atasta.
